Cinco personas llamadas a juicio por tráfico de influencias en el caso Prefectura del Guayas

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    Lugar. Edificio de la Prefectura del Guayas. (Foto: Cortesía)

    Continúan las investigaciones en la institución por contratos de insumos médicos durante la emergencia sanitaria por la Covid-19.

    Un tribunal de la Sala Penal acogió el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y llamó a juicio a cinco personas, procesadas como presuntas responsables del delito de tráfico de influencias en contratos de insumos médicos por parte de la Prefectura del Guayas, durante la emergencia por la Covid-19.

    Quienes tendrán que enfrentar la etapa de juzgamiento son los funcionarios Cecilia H. (exdirectora de Desarrollo Comunitario) y Nelson G. (exdirector provincial Financiero); junto con los contratistas José V., Ana G., y Mary M.

    Los magistrados integrantes del tribunal, José Coellar, Ramos Lino y Fabiola Gallardo, fueron quienes revocaron el auto de sobreseimiento dictado por el presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas en la audiencia preparatoria de juicio, señalando que carece de motivación.

    La fiscal provincial de Manabí, Karla Vélez, presentó los elementos de convicción necesarios, con los cuales el tribunal conoció el nexo causal entre la infracción y la presunta participación de los procesados en los hechos.

    La investigación de Fiscalía determinó la existencia de presuntas irregularidades, por sobreprecio, en el proceso de adquisición de mascarillas y pruebas rápidas para la detección de Covid-19.

    Estos contratos fueron suscritos por el Gobierno Autónomo Provincial del Guayas con personas naturales y empresas que estarían relacionadas con el fallecido exprefecto Carlos Luis Morales, quien también estuvo procesado en esta causa.

    También se dispuso que se mantengan las medidas cautelares anteriormente impuestas, es decir: presentación periódica ante la autoridad y prohibición de salida de país.

    El artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona al tráfico de influencias con pena privativa de libertad de entre tres y cinco años.

    DATO.

    El tribunal penal que acogió el recurso está integrado por los jueces José Coellar, Ramos Lino y Fabiola Gallardo.