El mandato de Lenín Moreno vuelve a contener el aliento hoy, desde las 15:30, a la espera de lo que suceda en el segundo debate de la ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, con la que se espera generar una recaudación adicional de $620 millones en 2020 y $650 millones en 2021.
Este proyecto es la tercera Ley con cambios económicos e impositivos que la actual administración lleva adelante, en un poco más de dos años y seis meses de ejercicio. Es decir, se realiza una nueva normativa cada 10 meses, sin que existan grandes resultados y sin que se hayan reactivado la producción y la inversión.
Un recuento
A finales de 2017 se presentó la Ley de Reactivación Económica. En agosto de 2018, con la llegada de Richard Martínez al ministerio de Economía, se vendió a la Ley de Fomento Productivo como la gran punta de lanza del cambio de modelo económico. Ahora, en el contexto de un primer intento negado y archivado por la Asamblea (que incluía temas monetarios y financieros), la última iniciativa del Ejecutivo -netamente tributaria- comprende 58 artículos y 7 disposiciones generales y 13 transitorias.
La crítica de fondo es que, según Roberto Vinueza, analista tributario, el proyecto tiene un impacto mínimo, apenas del 0,59% del Producto Interno Bruto (PIB) o el equivalente al 3% de los ingresos fiscales.
“Tiene aspectos positivos, como la eliminación del anticipo del Impuesto a la Renta y la simplificación del sistema de tributación para las microempresas y el sector agrícola. Además, de la condonación de deudas educativas. Pero, no ataca las grandes distorsiones que no permiten una mejor recaudación”, dijo.
Por su parte Diego Olmedo, analista económico, alertó sobre el peligro de que la Asamblea no apruebe la propuesta o solo le dé un voto afirmativo parcial. “Eso provocaría que nuevamente se dispare el riesgo país y los ingresos fiscales que no se consigan tengan que ser cubiertos con más deudas caras”, aseveró.
Votación en dos bloques
Vicente Almeyda, asambleísta Social Cristiano, anunció que su partido planteará que el proyecto de Ley se vote en dos bloques. Por un lado, los temas relacionados con las exenciones, exoneraciones, condonaciones e incentivos; y por otro, lo que concierne al aumento de impuestos y la contribución especial, por tres años, para las empresas que facturan más de $1 millón.
Esto podría provocar, a criterio de Vinueza, que se apruebe solo la parte del sacrificio fiscal, pero no la de la nueva recaudación que es urgente para un Estado con necesidades de financiamiento de más de $9.000 millones para el próximo año.
En el informe para segundo debate, elaborado por la Comisión de Régimen Económico, se consensuaron el 80% de las propuestas originales del Ejecutivo, pero se dejaron de lado temas importantes, como el modelo de devengamiento en el sector de las telecomunicaciones. (JS)
Temas
Falta de apoyo en el Pleno
1. Impuesto a los Consumos Especiales del 10% sobre los planes pospago de personas naturales.
2. Contribución especial para grandes empresas: El gobierno espera recaudar $177 millones en cada uno de los próximos tres años mediante un mecanismo de contribución escalonada. Así, tomando en cuenta la facturación de 2018, las empresas con ventas de 1 a 5 millones pagarán el 0,1%; de 5 a 10 millones, se tributará el 0,15%; y por más de 10 millones se desembolsará el 0,2%
3. Pago de deudas con bonos del Estado. Se propone que el Gobierno haga ese tipo de operaciones, por obligaciones con universidades, gobiernos locales y sistema de salud, hasta por el equivalente al 5% del PIB.
El mandato de Lenín Moreno vuelve a contener el aliento hoy, desde las 15:30, a la espera de lo que suceda en el segundo debate de la ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, con la que se espera generar una recaudación adicional de $620 millones en 2020 y $650 millones en 2021.
Este proyecto es la tercera Ley con cambios económicos e impositivos que la actual administración lleva adelante, en un poco más de dos años y seis meses de ejercicio. Es decir, se realiza una nueva normativa cada 10 meses, sin que existan grandes resultados y sin que se hayan reactivado la producción y la inversión.
Un recuento
A finales de 2017 se presentó la Ley de Reactivación Económica. En agosto de 2018, con la llegada de Richard Martínez al ministerio de Economía, se vendió a la Ley de Fomento Productivo como la gran punta de lanza del cambio de modelo económico. Ahora, en el contexto de un primer intento negado y archivado por la Asamblea (que incluía temas monetarios y financieros), la última iniciativa del Ejecutivo -netamente tributaria- comprende 58 artículos y 7 disposiciones generales y 13 transitorias.
La crítica de fondo es que, según Roberto Vinueza, analista tributario, el proyecto tiene un impacto mínimo, apenas del 0,59% del Producto Interno Bruto (PIB) o el equivalente al 3% de los ingresos fiscales.
“Tiene aspectos positivos, como la eliminación del anticipo del Impuesto a la Renta y la simplificación del sistema de tributación para las microempresas y el sector agrícola. Además, de la condonación de deudas educativas. Pero, no ataca las grandes distorsiones que no permiten una mejor recaudación”, dijo.
Por su parte Diego Olmedo, analista económico, alertó sobre el peligro de que la Asamblea no apruebe la propuesta o solo le dé un voto afirmativo parcial. “Eso provocaría que nuevamente se dispare el riesgo país y los ingresos fiscales que no se consigan tengan que ser cubiertos con más deudas caras”, aseveró.
Votación en dos bloques
Vicente Almeyda, asambleísta Social Cristiano, anunció que su partido planteará que el proyecto de Ley se vote en dos bloques. Por un lado, los temas relacionados con las exenciones, exoneraciones, condonaciones e incentivos; y por otro, lo que concierne al aumento de impuestos y la contribución especial, por tres años, para las empresas que facturan más de $1 millón.
Esto podría provocar, a criterio de Vinueza, que se apruebe solo la parte del sacrificio fiscal, pero no la de la nueva recaudación que es urgente para un Estado con necesidades de financiamiento de más de $9.000 millones para el próximo año.
En el informe para segundo debate, elaborado por la Comisión de Régimen Económico, se consensuaron el 80% de las propuestas originales del Ejecutivo, pero se dejaron de lado temas importantes, como el modelo de devengamiento en el sector de las telecomunicaciones. (JS)
Temas
Falta de apoyo en el Pleno
1. Impuesto a los Consumos Especiales del 10% sobre los planes pospago de personas naturales.
2. Contribución especial para grandes empresas: El gobierno espera recaudar $177 millones en cada uno de los próximos tres años mediante un mecanismo de contribución escalonada. Así, tomando en cuenta la facturación de 2018, las empresas con ventas de 1 a 5 millones pagarán el 0,1%; de 5 a 10 millones, se tributará el 0,15%; y por más de 10 millones se desembolsará el 0,2%
3. Pago de deudas con bonos del Estado. Se propone que el Gobierno haga ese tipo de operaciones, por obligaciones con universidades, gobiernos locales y sistema de salud, hasta por el equivalente al 5% del PIB.
El mandato de Lenín Moreno vuelve a contener el aliento hoy, desde las 15:30, a la espera de lo que suceda en el segundo debate de la ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, con la que se espera generar una recaudación adicional de $620 millones en 2020 y $650 millones en 2021.
Este proyecto es la tercera Ley con cambios económicos e impositivos que la actual administración lleva adelante, en un poco más de dos años y seis meses de ejercicio. Es decir, se realiza una nueva normativa cada 10 meses, sin que existan grandes resultados y sin que se hayan reactivado la producción y la inversión.
Un recuento
A finales de 2017 se presentó la Ley de Reactivación Económica. En agosto de 2018, con la llegada de Richard Martínez al ministerio de Economía, se vendió a la Ley de Fomento Productivo como la gran punta de lanza del cambio de modelo económico. Ahora, en el contexto de un primer intento negado y archivado por la Asamblea (que incluía temas monetarios y financieros), la última iniciativa del Ejecutivo -netamente tributaria- comprende 58 artículos y 7 disposiciones generales y 13 transitorias.
La crítica de fondo es que, según Roberto Vinueza, analista tributario, el proyecto tiene un impacto mínimo, apenas del 0,59% del Producto Interno Bruto (PIB) o el equivalente al 3% de los ingresos fiscales.
“Tiene aspectos positivos, como la eliminación del anticipo del Impuesto a la Renta y la simplificación del sistema de tributación para las microempresas y el sector agrícola. Además, de la condonación de deudas educativas. Pero, no ataca las grandes distorsiones que no permiten una mejor recaudación”, dijo.
Por su parte Diego Olmedo, analista económico, alertó sobre el peligro de que la Asamblea no apruebe la propuesta o solo le dé un voto afirmativo parcial. “Eso provocaría que nuevamente se dispare el riesgo país y los ingresos fiscales que no se consigan tengan que ser cubiertos con más deudas caras”, aseveró.
Votación en dos bloques
Vicente Almeyda, asambleísta Social Cristiano, anunció que su partido planteará que el proyecto de Ley se vote en dos bloques. Por un lado, los temas relacionados con las exenciones, exoneraciones, condonaciones e incentivos; y por otro, lo que concierne al aumento de impuestos y la contribución especial, por tres años, para las empresas que facturan más de $1 millón.
Esto podría provocar, a criterio de Vinueza, que se apruebe solo la parte del sacrificio fiscal, pero no la de la nueva recaudación que es urgente para un Estado con necesidades de financiamiento de más de $9.000 millones para el próximo año.
En el informe para segundo debate, elaborado por la Comisión de Régimen Económico, se consensuaron el 80% de las propuestas originales del Ejecutivo, pero se dejaron de lado temas importantes, como el modelo de devengamiento en el sector de las telecomunicaciones. (JS)
Temas
Falta de apoyo en el Pleno
1. Impuesto a los Consumos Especiales del 10% sobre los planes pospago de personas naturales.
2. Contribución especial para grandes empresas: El gobierno espera recaudar $177 millones en cada uno de los próximos tres años mediante un mecanismo de contribución escalonada. Así, tomando en cuenta la facturación de 2018, las empresas con ventas de 1 a 5 millones pagarán el 0,1%; de 5 a 10 millones, se tributará el 0,15%; y por más de 10 millones se desembolsará el 0,2%
3. Pago de deudas con bonos del Estado. Se propone que el Gobierno haga ese tipo de operaciones, por obligaciones con universidades, gobiernos locales y sistema de salud, hasta por el equivalente al 5% del PIB.
El mandato de Lenín Moreno vuelve a contener el aliento hoy, desde las 15:30, a la espera de lo que suceda en el segundo debate de la ley Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria, con la que se espera generar una recaudación adicional de $620 millones en 2020 y $650 millones en 2021.
Este proyecto es la tercera Ley con cambios económicos e impositivos que la actual administración lleva adelante, en un poco más de dos años y seis meses de ejercicio. Es decir, se realiza una nueva normativa cada 10 meses, sin que existan grandes resultados y sin que se hayan reactivado la producción y la inversión.
Un recuento
A finales de 2017 se presentó la Ley de Reactivación Económica. En agosto de 2018, con la llegada de Richard Martínez al ministerio de Economía, se vendió a la Ley de Fomento Productivo como la gran punta de lanza del cambio de modelo económico. Ahora, en el contexto de un primer intento negado y archivado por la Asamblea (que incluía temas monetarios y financieros), la última iniciativa del Ejecutivo -netamente tributaria- comprende 58 artículos y 7 disposiciones generales y 13 transitorias.
La crítica de fondo es que, según Roberto Vinueza, analista tributario, el proyecto tiene un impacto mínimo, apenas del 0,59% del Producto Interno Bruto (PIB) o el equivalente al 3% de los ingresos fiscales.
“Tiene aspectos positivos, como la eliminación del anticipo del Impuesto a la Renta y la simplificación del sistema de tributación para las microempresas y el sector agrícola. Además, de la condonación de deudas educativas. Pero, no ataca las grandes distorsiones que no permiten una mejor recaudación”, dijo.
Por su parte Diego Olmedo, analista económico, alertó sobre el peligro de que la Asamblea no apruebe la propuesta o solo le dé un voto afirmativo parcial. “Eso provocaría que nuevamente se dispare el riesgo país y los ingresos fiscales que no se consigan tengan que ser cubiertos con más deudas caras”, aseveró.
Votación en dos bloques
Vicente Almeyda, asambleísta Social Cristiano, anunció que su partido planteará que el proyecto de Ley se vote en dos bloques. Por un lado, los temas relacionados con las exenciones, exoneraciones, condonaciones e incentivos; y por otro, lo que concierne al aumento de impuestos y la contribución especial, por tres años, para las empresas que facturan más de $1 millón.
Esto podría provocar, a criterio de Vinueza, que se apruebe solo la parte del sacrificio fiscal, pero no la de la nueva recaudación que es urgente para un Estado con necesidades de financiamiento de más de $9.000 millones para el próximo año.
En el informe para segundo debate, elaborado por la Comisión de Régimen Económico, se consensuaron el 80% de las propuestas originales del Ejecutivo, pero se dejaron de lado temas importantes, como el modelo de devengamiento en el sector de las telecomunicaciones. (JS)
Temas
Falta de apoyo en el Pleno
1. Impuesto a los Consumos Especiales del 10% sobre los planes pospago de personas naturales.
2. Contribución especial para grandes empresas: El gobierno espera recaudar $177 millones en cada uno de los próximos tres años mediante un mecanismo de contribución escalonada. Así, tomando en cuenta la facturación de 2018, las empresas con ventas de 1 a 5 millones pagarán el 0,1%; de 5 a 10 millones, se tributará el 0,15%; y por más de 10 millones se desembolsará el 0,2%
3. Pago de deudas con bonos del Estado. Se propone que el Gobierno haga ese tipo de operaciones, por obligaciones con universidades, gobiernos locales y sistema de salud, hasta por el equivalente al 5% del PIB.