Defensa de Pabón pedirá mañana su libertad

CARGO. En marzo, Paola Pabón fue elegida prefecta de Pichincha.
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CARGO. En marzo, Paola Pabón fue elegida prefecta de Pichincha.
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CARGO. En marzo, Paola Pabón fue elegida prefecta de Pichincha.

Ramiro Aguilar, abogado de la prefecta de Pichincha Paola Pabón, detenida desde mediados de octubre por el supuesto delito de rebelión, pidió su liberación de forma inmediata y que se garantice su regreso al cargo, tras conocer las medidas cautelares emitidas el viernes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo mismo con Virgilio Hernández y Christian González.

Pabón, a quien se le terminan hoy los 60 días de licencia sin sueldo que solicitó en el Consejo Provincial para enfrentar su proceso, Hernández y González fueron detenidos pocos días después de las protestas de principios de octubre, contra los ajustes económicos.

En la resolución emitida el viernes, la CIDH considera que se reúnen “los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad” en el estudio de este caso, por lo que solicitó al Estado ecuatoriano que adopte “medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad” de los tres acusados.

El Dato
El 14 de octubre fue detenida Paola Pabón.Aguilar aseguró que mañana pedirá “una reunión con el Estado ecuatoriano”; es decir, con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, para que se dé cumplimiento a las medidas cautelares de la CIDH.

Farith Simon, decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco, explicó que las medidas cautelares emitidas por la CIDH no se refieren a la liberación inmediata de los procesados, sino a la protección de la “vida e integridad personal”.

“Hay que recordar cuánto denostaron a la CIDH (Rafael Correa y sus funcionarios), y cuántas veces negaron la obligatoriedad de las medidas cautelares. Esperemos que Lenín Moreno las cumpla”, dijo Simon.

Aguilar recordó que integrantes de la CIDH, en la visita que hicieron a Ecuador, también sufrieron el hostigamiento estatal cuando fueron a entrevistarse con Pabón en la cárcel de máxima seguridad de Latacunga.

La situación

La CIDH, añadió el letrado, hizo una revisión de tres elementos sobre “la gravedad de la situación, la urgencia y el daño irreparable” que se podrían generar si no se dictaban las medidas cautelares.

Además, la Comisión ha considerado que “el Estado ecuatoriano está obligado a precautelar (proteger) la condición de prefecta de Pichincha de la señora Pabón”, pues “ella ha estado impedida de ejercer el cargo por un acto ilegítimo del Estado”.

Aclaró que el proceso judicial contra Pabón “no es materia de la medida cautelar”, aunque sí “la condición” de los derechos de los acusados.

Aguilar rechazó el proceso por rebelión que se sigue contra Pabón y los otros, pero dijo temer que la Fiscalía reformule los cargos y los acuse de “instigación”. (EFE/JS)

Ramiro Aguilar, abogado de la prefecta de Pichincha Paola Pabón, detenida desde mediados de octubre por el supuesto delito de rebelión, pidió su liberación de forma inmediata y que se garantice su regreso al cargo, tras conocer las medidas cautelares emitidas el viernes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo mismo con Virgilio Hernández y Christian González.

Pabón, a quien se le terminan hoy los 60 días de licencia sin sueldo que solicitó en el Consejo Provincial para enfrentar su proceso, Hernández y González fueron detenidos pocos días después de las protestas de principios de octubre, contra los ajustes económicos.

En la resolución emitida el viernes, la CIDH considera que se reúnen “los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad” en el estudio de este caso, por lo que solicitó al Estado ecuatoriano que adopte “medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad” de los tres acusados.

El Dato
El 14 de octubre fue detenida Paola Pabón.Aguilar aseguró que mañana pedirá “una reunión con el Estado ecuatoriano”; es decir, con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, para que se dé cumplimiento a las medidas cautelares de la CIDH.

Farith Simon, decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco, explicó que las medidas cautelares emitidas por la CIDH no se refieren a la liberación inmediata de los procesados, sino a la protección de la “vida e integridad personal”.

“Hay que recordar cuánto denostaron a la CIDH (Rafael Correa y sus funcionarios), y cuántas veces negaron la obligatoriedad de las medidas cautelares. Esperemos que Lenín Moreno las cumpla”, dijo Simon.

Aguilar recordó que integrantes de la CIDH, en la visita que hicieron a Ecuador, también sufrieron el hostigamiento estatal cuando fueron a entrevistarse con Pabón en la cárcel de máxima seguridad de Latacunga.

La situación

La CIDH, añadió el letrado, hizo una revisión de tres elementos sobre “la gravedad de la situación, la urgencia y el daño irreparable” que se podrían generar si no se dictaban las medidas cautelares.

Además, la Comisión ha considerado que “el Estado ecuatoriano está obligado a precautelar (proteger) la condición de prefecta de Pichincha de la señora Pabón”, pues “ella ha estado impedida de ejercer el cargo por un acto ilegítimo del Estado”.

Aclaró que el proceso judicial contra Pabón “no es materia de la medida cautelar”, aunque sí “la condición” de los derechos de los acusados.

Aguilar rechazó el proceso por rebelión que se sigue contra Pabón y los otros, pero dijo temer que la Fiscalía reformule los cargos y los acuse de “instigación”. (EFE/JS)

Ramiro Aguilar, abogado de la prefecta de Pichincha Paola Pabón, detenida desde mediados de octubre por el supuesto delito de rebelión, pidió su liberación de forma inmediata y que se garantice su regreso al cargo, tras conocer las medidas cautelares emitidas el viernes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo mismo con Virgilio Hernández y Christian González.

Pabón, a quien se le terminan hoy los 60 días de licencia sin sueldo que solicitó en el Consejo Provincial para enfrentar su proceso, Hernández y González fueron detenidos pocos días después de las protestas de principios de octubre, contra los ajustes económicos.

En la resolución emitida el viernes, la CIDH considera que se reúnen “los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad” en el estudio de este caso, por lo que solicitó al Estado ecuatoriano que adopte “medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad” de los tres acusados.

El Dato
El 14 de octubre fue detenida Paola Pabón.Aguilar aseguró que mañana pedirá “una reunión con el Estado ecuatoriano”; es decir, con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, para que se dé cumplimiento a las medidas cautelares de la CIDH.

Farith Simon, decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco, explicó que las medidas cautelares emitidas por la CIDH no se refieren a la liberación inmediata de los procesados, sino a la protección de la “vida e integridad personal”.

“Hay que recordar cuánto denostaron a la CIDH (Rafael Correa y sus funcionarios), y cuántas veces negaron la obligatoriedad de las medidas cautelares. Esperemos que Lenín Moreno las cumpla”, dijo Simon.

Aguilar recordó que integrantes de la CIDH, en la visita que hicieron a Ecuador, también sufrieron el hostigamiento estatal cuando fueron a entrevistarse con Pabón en la cárcel de máxima seguridad de Latacunga.

La situación

La CIDH, añadió el letrado, hizo una revisión de tres elementos sobre “la gravedad de la situación, la urgencia y el daño irreparable” que se podrían generar si no se dictaban las medidas cautelares.

Además, la Comisión ha considerado que “el Estado ecuatoriano está obligado a precautelar (proteger) la condición de prefecta de Pichincha de la señora Pabón”, pues “ella ha estado impedida de ejercer el cargo por un acto ilegítimo del Estado”.

Aclaró que el proceso judicial contra Pabón “no es materia de la medida cautelar”, aunque sí “la condición” de los derechos de los acusados.

Aguilar rechazó el proceso por rebelión que se sigue contra Pabón y los otros, pero dijo temer que la Fiscalía reformule los cargos y los acuse de “instigación”. (EFE/JS)

Ramiro Aguilar, abogado de la prefecta de Pichincha Paola Pabón, detenida desde mediados de octubre por el supuesto delito de rebelión, pidió su liberación de forma inmediata y que se garantice su regreso al cargo, tras conocer las medidas cautelares emitidas el viernes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo mismo con Virgilio Hernández y Christian González.

Pabón, a quien se le terminan hoy los 60 días de licencia sin sueldo que solicitó en el Consejo Provincial para enfrentar su proceso, Hernández y González fueron detenidos pocos días después de las protestas de principios de octubre, contra los ajustes económicos.

En la resolución emitida el viernes, la CIDH considera que se reúnen “los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad” en el estudio de este caso, por lo que solicitó al Estado ecuatoriano que adopte “medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad” de los tres acusados.

El Dato
El 14 de octubre fue detenida Paola Pabón.Aguilar aseguró que mañana pedirá “una reunión con el Estado ecuatoriano”; es decir, con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, para que se dé cumplimiento a las medidas cautelares de la CIDH.

Farith Simon, decano del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco, explicó que las medidas cautelares emitidas por la CIDH no se refieren a la liberación inmediata de los procesados, sino a la protección de la “vida e integridad personal”.

“Hay que recordar cuánto denostaron a la CIDH (Rafael Correa y sus funcionarios), y cuántas veces negaron la obligatoriedad de las medidas cautelares. Esperemos que Lenín Moreno las cumpla”, dijo Simon.

Aguilar recordó que integrantes de la CIDH, en la visita que hicieron a Ecuador, también sufrieron el hostigamiento estatal cuando fueron a entrevistarse con Pabón en la cárcel de máxima seguridad de Latacunga.

La situación

La CIDH, añadió el letrado, hizo una revisión de tres elementos sobre “la gravedad de la situación, la urgencia y el daño irreparable” que se podrían generar si no se dictaban las medidas cautelares.

Además, la Comisión ha considerado que “el Estado ecuatoriano está obligado a precautelar (proteger) la condición de prefecta de Pichincha de la señora Pabón”, pues “ella ha estado impedida de ejercer el cargo por un acto ilegítimo del Estado”.

Aclaró que el proceso judicial contra Pabón “no es materia de la medida cautelar”, aunque sí “la condición” de los derechos de los acusados.

Aguilar rechazó el proceso por rebelión que se sigue contra Pabón y los otros, pero dijo temer que la Fiscalía reformule los cargos y los acuse de “instigación”. (EFE/JS)