Los dos pedidos de recusación para que la jueza nacional Daniella Camacho se aparte del caso ‘Sobornos 2012-2016’, han sido mencionados como un vicio de nulidad por casi todos los abogados de los 24 procesados que tiene esta causa, que investiga presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.
Dichas solicitudes fueron presentadas por el expresidente, Rafael Correa, y su ministro de Administración, Vinicio Alvarado, ambos implicados en el proceso judicial.
Para el abogado Pablo Encalada, especialista en derecho penal, si estos pedidos son aceptados, Camacho debe apartarse del proceso y la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que inició el jueves pasado, debería declararse nula para que otro magistrado la tramite desde un inicio.
El letrado, sin embargo, aclaró que si la jueza decidió instalar la diligencia es señal de que está convencida de su competencia para valorar la existencia de posibles vicios de nulidad y resolver si llama o no a juicio a los procesados.
‘Proceso sin vicios’
Luego de escuchar los argumentos de supuestos vicios de nulidad expuestos por la defensa de los procesados, la fiscal general, Diana Salazar, pidió a la jueza Camacho que declare la validez de todo lo actuado.
Ella considera que el proceso está libre de vicios de competencia, procedimiento, procedibilidad y prejudicialidad. Además, aseguró que en la investigación se respetaron principios legales y constitucionales.
A ese criterio se sumó el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, quien figura como acusador particular dentro del caso. (FLC)
Los dos pedidos de recusación para que la jueza nacional Daniella Camacho se aparte del caso ‘Sobornos 2012-2016’, han sido mencionados como un vicio de nulidad por casi todos los abogados de los 24 procesados que tiene esta causa, que investiga presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.
Dichas solicitudes fueron presentadas por el expresidente, Rafael Correa, y su ministro de Administración, Vinicio Alvarado, ambos implicados en el proceso judicial.
Para el abogado Pablo Encalada, especialista en derecho penal, si estos pedidos son aceptados, Camacho debe apartarse del proceso y la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que inició el jueves pasado, debería declararse nula para que otro magistrado la tramite desde un inicio.
El letrado, sin embargo, aclaró que si la jueza decidió instalar la diligencia es señal de que está convencida de su competencia para valorar la existencia de posibles vicios de nulidad y resolver si llama o no a juicio a los procesados.
‘Proceso sin vicios’
Luego de escuchar los argumentos de supuestos vicios de nulidad expuestos por la defensa de los procesados, la fiscal general, Diana Salazar, pidió a la jueza Camacho que declare la validez de todo lo actuado.
Ella considera que el proceso está libre de vicios de competencia, procedimiento, procedibilidad y prejudicialidad. Además, aseguró que en la investigación se respetaron principios legales y constitucionales.
A ese criterio se sumó el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, quien figura como acusador particular dentro del caso. (FLC)
Los dos pedidos de recusación para que la jueza nacional Daniella Camacho se aparte del caso ‘Sobornos 2012-2016’, han sido mencionados como un vicio de nulidad por casi todos los abogados de los 24 procesados que tiene esta causa, que investiga presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.
Dichas solicitudes fueron presentadas por el expresidente, Rafael Correa, y su ministro de Administración, Vinicio Alvarado, ambos implicados en el proceso judicial.
Para el abogado Pablo Encalada, especialista en derecho penal, si estos pedidos son aceptados, Camacho debe apartarse del proceso y la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que inició el jueves pasado, debería declararse nula para que otro magistrado la tramite desde un inicio.
El letrado, sin embargo, aclaró que si la jueza decidió instalar la diligencia es señal de que está convencida de su competencia para valorar la existencia de posibles vicios de nulidad y resolver si llama o no a juicio a los procesados.
‘Proceso sin vicios’
Luego de escuchar los argumentos de supuestos vicios de nulidad expuestos por la defensa de los procesados, la fiscal general, Diana Salazar, pidió a la jueza Camacho que declare la validez de todo lo actuado.
Ella considera que el proceso está libre de vicios de competencia, procedimiento, procedibilidad y prejudicialidad. Además, aseguró que en la investigación se respetaron principios legales y constitucionales.
A ese criterio se sumó el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, quien figura como acusador particular dentro del caso. (FLC)
Los dos pedidos de recusación para que la jueza nacional Daniella Camacho se aparte del caso ‘Sobornos 2012-2016’, han sido mencionados como un vicio de nulidad por casi todos los abogados de los 24 procesados que tiene esta causa, que investiga presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.
Dichas solicitudes fueron presentadas por el expresidente, Rafael Correa, y su ministro de Administración, Vinicio Alvarado, ambos implicados en el proceso judicial.
Para el abogado Pablo Encalada, especialista en derecho penal, si estos pedidos son aceptados, Camacho debe apartarse del proceso y la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que inició el jueves pasado, debería declararse nula para que otro magistrado la tramite desde un inicio.
El letrado, sin embargo, aclaró que si la jueza decidió instalar la diligencia es señal de que está convencida de su competencia para valorar la existencia de posibles vicios de nulidad y resolver si llama o no a juicio a los procesados.
‘Proceso sin vicios’
Luego de escuchar los argumentos de supuestos vicios de nulidad expuestos por la defensa de los procesados, la fiscal general, Diana Salazar, pidió a la jueza Camacho que declare la validez de todo lo actuado.
Ella considera que el proceso está libre de vicios de competencia, procedimiento, procedibilidad y prejudicialidad. Además, aseguró que en la investigación se respetaron principios legales y constitucionales.
A ese criterio se sumó el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, quien figura como acusador particular dentro del caso. (FLC)