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Ortega no descarta construir un canal interoceánico

AGO, 21, 2019 |

GRAFITI. En muchos lugares sebservan las protestas contra la construcción del canal en Nicaragua. (Archivo).

Redacción MANAGUA, AGENCIAS

¿Una cortina de humo? ¿Una estrategia electoral? ¿O un plan para reactivar el proyecto con nuevos socios extrarregionales? Después de casi dos años sin noticias del canal, Daniel Ortega declaró que sigue “comprometido” con la ambiciosa obra de ingeniería que conectaría el mar Caribe, en el Océano Atlántico, con el Océano Pacífico, a través de Nicaragua. Una obra de 50.000 millones de dólares, inaugurada con bombos y platillos en 2013, pero que nunca arrancó.

El exguerrillero de 73 años sorprendió a la mayoría de los jefes militares que le escuchaban, reunidos en un acto por el 40 aniversario de la Fuerza Naval. Hasta ese día, nadie había vuelto a referirse al olvidado canal, cuyo plazo de construcción, además, expiró hace dos meses.
 

‘Es un compromiso’
“Nosotros no hemos renunciado, al contrario, tenemos históricamente el compromiso de que se haga una realidad el canal por Nicaragua”, dijo Ortega, blandiendo un rollo de mapas del siglo antepasado con los primeros diseños de rutas canaleras por Centroamérica.

“Está (vigente) nuestro compromiso de seguir trabajando por la construcción del canal”, insistió ante su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, y decenas de militares que lo escuchaban en silencio.
 

Los chinos, constructores
Daniel Ortega, quien gobernó durante la revolución sandinista de la década 1980, volvió al poder en 2007 y seis años después le otorgó una concesión al empresario chino Wang Jing, y a su consorcio HKND, para construir y operar un canal interoceánico durante 50 años, con una posi oble extensión por 50 años más. El Parlamento de mayoría sandinista aprobó en 48 horas la legislación respectiva. Se anunció que la obra costaría 50.000 millones de dólares e incluiría 12 sub-proyectos: puertos, aeropuertos, oleoductos, zonas francas y complejos turísticos.


Protesta campesina
La Ley 840 desató las primeras protestas del movimiento campesino, que vio en ella un plan para despojar de sus tierras a más de 50.000 habitantes de una vasta región del sur-sureste, equivalente a casi la tercera parte del territorio total de Nicaragua.
 

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