Cinco personas enfrentarán a la justicia por contrabando de combustibles

ENE, 19, 2019 |

Involucrados. Ciudadanos que fueron detenidos en el operativo realizado en los dos países.

 TULCÁN

 Un grupo de familiares y amigos de las personas aprehendidas en la operación “Avalancha 12”, que detuvo a nueve personas e inmovilizó diez vehículos en Tulcán se apostaron en los exteriores de la Unidad Penal de la Corte Provincial de Justicia la noche del jueves.

 Los manifestantes pedían la libertad de sus parientes bajo el argumento de que no estaban involucrados en el delito de contrabando de combustibles. El plantón obligó a que la audiencia de formulación de cargos se realice en la Sub Zona de Policía de Carchi.

 Según se informó en la Fiscalía, la acción judicial se realizó hasta altas horas de la madrugada de ayer, en medio de la tensión de los detenidos quienes intentaban a través de sus abogados obtener la libertad.

 Telmo Betancourt, director nacional de la Unidad de Delitos de Hidrocarburos (UIDH), dijo durante la rueda de prensa que los automotores a los que les seguían el rastro desde hace más de tres meses cargaban en las estaciones de servicio entre dos y tres veces diarias y se estima que movilizaban aproximadamente dos mil galones mensuales de gasolina o diésel.
 

 Arresto domiciliario

 El juez encargado del caso no quiso pronunciarse sobre el tema. Tras la audiencia, tres de las nueve personas, entre ellas una mujer; obtuvieron la boleta de libertad y no están incursos en el proceso penal.

 A un ciudadano con enfermedad terminal se le dictaminó arresto domiciliario; mientras que los cinco restantes fueron procesados, determinándoles prisión preventiva, mientras duran las indagaciones.  

 El Art. 265 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una pena privativa de libertad de cinco a siete años, penalización que no permite medidas alternativas durante el proceso investigativo.
 

 Alternativa

 Los involucrados en caso de comprobarse algún grado de culpabilidad pueden acogerse a un proceso abreviado o directo voluntario, que aminoraría el tiempo de privación de la libertad.     

 Uniformados especialistas en este tipo de indagaciones y autoridades judiciales coinciden  que sí los vehículos en los que fueron sorprendidas las personas que se movilizaban al momento del operativo tienen los tanques adulterados son sometidos a los procesos.

 Mientras que, la ex directora del Centro de Rehabilitación Social de Tulcán, Leticia Herrera, quien promovió el indulto presidencial de 27 personas privadas de la libertad por estos casos, confirmó que en el grupo no hay reincidentes.

 Hernán López, juez de la Corte Provincial de Justicia explicó que este delito juzga a las personas en provincias fronterizas o puertos marítimos que transporten, envasen, comercialicen o distribuyan combustibles, incluido el gas, sin autorización estatal con penas que van de cinco a siete años. (CMRV)
 

DATO

Los aparentes contrabandistas retenidos utilizaban el sistema conocido como “hormigueo”; es decir, transportaban en doble tanques de los carros los derivados del petróleo.

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