Asamblea retoma el debate por la despenalización del aborto

    Realidad. En 2019, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), hubo 51.711 embarazos adolescentes.
    Realidad. En 2019, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), hubo 51.711 embarazos adolescentes.

    Las reformas al Código de la Niñez plantean que el COIP despenalice la interrupción del embarazo en mujeres hasta los 18 años, víctimas de agresión sexual.

    Cada día, en Ecuador, siete niñas entre 10 y 14 años dan a luz. Las probabilidades de que mueran durante el parto son tres veces mayor frente a una mujer adulta.

    Datos señalados por Virginia Gómez de la Torre, miembro de Fundación Desafío, una de las organizaciones que en 2019 impulsó la despenalización del aborto por las causales de violación y incesto, estupro o inseminación no consentida.

    Tras la votación en la Asamblea Nacional, se negó la despenalización con 65 votos a favor, 59 en contra, siete ausentes y seis abstenciones.

    Vuelve debate con exclusiones

    La despenalización del aborto en caso de violación volverá a debatirse en la Asamblea Nacional, luego de que la Comisión que atiende temas y normas de la Niñez y Adolescencia aprobó el informe para segundo debate del Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que contiene 700 artículos.

    La titular de la Comisión, Encarnación Duchi, explica que se plantea reformar el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), para incluir la causal de la interrupción del embarazo para niñas y adolescentes violadas, hasta los 18 años.

    Actualmente el aborto no punible en Ecuador aplica en dos causales:

    1. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.
    2. Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental.

    Claudia Gray, directora del Observatorio de Género de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), señala que si bien es un primer avance, la reforma no es suficiente porque excluye a otras mujeres víctimas de agresiones sexuales.

    Gray destaca que la reforma no será suficiente si no hay prontas regulaciones dentro del sistema de salud. “El hecho que la Ley lo permita no quiere decir que todo el personal sanitario va a acceder a hacer este tipo de procedimientos”.

    Otro condicionante será la agilidad en la recepción de denuncias de las niñas y jóvenes abusadas. “Me preocupa que en los que sucede un proceso penal, para acreditar una violación el embarazo, quede a término”.

    Duchi indica que la norma aún “es general” y que no han planteado hasta qué semana se podría interrumpir el embarazo. En países donde el aborto es legal, el plazo es hasta las 14 semanas de gestación.

     “Eso iba encaminado a cualquier mujer, ahora está orientado a niñas y adolescentes víctimas de violación”, enfatiza.

    De aprobarse los cambios en el Código de la Niñez, se reformaría el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

    En septiembre de 2019, la Asamblea negó la despenalización del aborto en casos de violación.

    ¿Reivindicación o cargo de conciencia?

    Según el Pacto por la Niñez y la Adolescencia, desde 2012 el Estado “ha incumplido con las recomendaciones de tratados internacionales que, en más de cinco ocasiones, han pedido al Ecuador despenalizar el aborto por violación”.

    A esto se suma la falta de respuesta de la Corte Constitucional ante las dos demandas presentadas por colectivos feministas, en 2019, por incumplimiento de norma de las recomendaciones de comités internacionales. 

    ¿Retomar el debate es entonces una forma de reivindicación del legislativo?, Ana Almeida, miembro de la Corporación Humana, dice que no. “Creo que es más bien un cargo de consciencia de quienes toman decisiones en la Asamblea, tal vez hay legisladores que medianamente se quieren alinear a estos pedidos de años”

    Y es que la criminalización del aborto impacta en la vida de las mujeres. Según información que la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura, entregaron a colectivos feministas, en el período de 2013 a enero de 2019, 435 mujeres fueron criminalizadas por abortar o intentarlo.

    Este hecho pretendía ser reformado en el Código Orgánico de la Salud (COIP), que el 25 de septiembre fue vetado totalmente por el presidente, Lenín Moreno.

    Si bien este no despenalizaba la interrupción del embarazo, promovía la norma para que una mujer con un aborto en curso (provocado o no) sea atendida bajo la figura de emergencia obstétrica. Así, casos como los de Andrea (nombre protegido) no se repetirían.

    La joven tenía 26 semanas de embarazo cuando acudió a una clínica, en el sur de Quito, con hemorragia.

    Antes de atenderla, el personal llamó a la Policía, pasó cuatro horas en la Fiscalía y después de comprobar que el aborto no era provocado la trasladaron a la Maternidad para auxiliarla.

    Josué Berrú, sicólogo clínico en la Fundación Mujer&Mujer y vocero de la Red Ecuatoriana de Fe, señala que es inaceptable que se siga criminalizando el aborto, “hay una exclusión absurda a las mujeres adultas porque es como decir que una violación en una mujer cuando es adulta, no pasa nada y ella debe llevar a cabo el embarazo.”

    Berrú considera que lo que hace la Asamblea no pasa por un compromiso a favor de la mujeres “porque cuando ha tenido la oportunidad no lo ha hecho”.

    Considera que ésta puede ser una acción que intenta “resarcir en algo la nula popularidad que tiene”.

     Todavía hay oposición

     Duchi no da nombres, tampoco números, pero sí destaca que hay asambleístas “que tienen sus razones” para oponerse a votar a favor de la reforma para que niñas y jóvenes (hasta 18 años) violadas no sean criminalizadas por abortar.

    Por eso, consideran la posibilidad de una votación separada para que, en caso de oponerse a esta reforma “no peligre todo el código”.

     “Hay asambleístas que aún están a favor de torturar a niñas y adolescentes”, dice Berrú, pues según el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), el embarazo infantil forzoso el considerado una forma de tortura. (AVV)

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