Abuso de prisión preventiva aumenta el hacinamiento

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    Hoy (1 de marzo) se registró un nuevo amotinamiento en la cárcel de Cotopaxi.
    Hoy (1 de marzo) se registró un nuevo amotinamiento en la cárcel de Cotopaxi.

    Además, familias denuncian que la burocracia trunca los trámites de prelibertad.

    Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la capacidad carcelaria ecuatoriana es de 28.500 personas. Sin embargo, habría cerca de 38.000 presos, es decir, un hacinamiento del 33%.

    El abogado penalista, Pablo Encalada, señala que existe un abuso de la prisión preventiva, una medida que es de carácter excepcional por lo que, asumirla como regla general, hace que se prive la libertad en forma desproporcionada.

    Esto lo confirman las cifras del Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de La Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), que detallan que un 40% de los privados de la libertad (PPL), aún no han sido juzgados.

    “Es decir que no se ha cumplido con el debido proceso en cuanto a la presunción de inocencia, dejando de lado otras medidas cautelares”, dice la abogada Dennise Ortega.

    Burocracia

    Otro problema del sistema carcelario es la burocracia. Así lo denunció la Asociación de Familiares de Personas Privadas de la Libertad, quienes piden la salida de Edmundo Moncayo, director del SNAI.

    María (nombre protegido) tiene a dos de sus hijos en la cárcel de Latacunga. Comenta que en agosto del año pasado cumplieron el 60% de su sentencia, lo que les permite aplicar a la prelibertad.

    “Ya entregamos toda la documentación y nos dicen que se han perdido las carpetas. Volvemos a traer las carpetas y dicen que no que faltan unos memos. Los abogados no sacan plata y más plata y dicen que ya que ya sale y nada”, comenta la mujer.

    En una entrevista pasada, con LA HORA, Moncayo señaló que la prelibertad permitía disminuir el porcentaje de hacinamiento, al ser consultado sobre la agilidad de trámite, señaló que necesitaban contratar mayor personal, especializado para que analicen las carpetas y los remitan a los magistrados.

    El tema de aumentar el personal quedó en propuestas y las familias siguen esperando que los trámites se agilicen.

    María comenta que siente temor pues sus hijos están en la cárcel por una pelea callejera que dejó a un hombre con lesiones graves. “Les dieron 42 meses, ellos no están en máxima seguridad pero les mandaron a Latacunga y cuando hablamos me dicen que tiene miedo, que en cualquier rato los de máxima se pasan a su pabellón”, agrega la mujer. (AVV)