Los Proyectos de Ley de Extinción de Dominio y Ley Reformatoria en materia penal aún no se tramitan en el Parlamento.
La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, llamó la atención a la Asamblea Nacional para que actúe con “responsabilidad y urgencia” frente al avance del crimen organizado en Ecuador.
“Solo la labor conjunta permitirá luchar contra este flagelo; la Fiscalía está haciendo su trabajo, a través de sus unidades especializadas, pero a ustedes (asambleístas) les toca actuar como la sociedad demanda en la lucha contra el crimen, la corrupción y la impunidad”.
La afirmación de Salazar se produjo durante una comparecencia ante el Pleno del Parlamento este martes 17 de enero de 2023. Al entregar su informe anual de labores, recordó los proyectos de reforma remitidos al Legislativo. Entre otros, mencionó el proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Con la ley vigente, se requiere de una sentencia ejecutoriada para poder investigar y perseguir los bienes mal habidos, señaló la Fiscal.
En manos de la Asamblea también está el proyecto de Ley Reformatoria en materia penal, el proyecto de ley del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos y otros participantes en el proceso penal, y un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Fiscalización
La Fiscal General también apuntó sus dardos contra aquellos legisladores que permanentemente realizan pedidos de información a la Fiscalía, lo que provoca que las unidades de dicha función se desvíen de sus labores.
“Demando de la ciudadanía para que exijamos a los señores asambleístas que pongan mayor atención para realizar las tareas de fiscalización”, dijo. También se quejó por las curules que permanecieron vacías durante su comparecencia, mientras que otros conversaban de otros temas. “Pocos asambleístas prestaron atención”, protestó.
Salazar consideró que es momento de buscar otros mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Relató que el tiempo que le tomó en entregar el informe -sin recibir de parte de los legisladores la atención necesaria- bien lo pudo utilizar despachando causas en su oficina. “Hay que hacer el trabajo con responsabilidad, expusimos la tarea que hace la Fiscalía, luchando contra el crimen organizado, contra las organizaciones dedicadas a lavar activos, pero (a los asambleístas) no les interesa. Esto es lamentable”, puntualizó.
Proyecciones
En la entrega del informe de gestión de 2022, la Fiscal puntualizó que el año pasado se ejecutó el 99,65% del Plan Anual de Contratación Pública (PAC) y se realizaron 82 procedimientos de contratación y compras públicas.
Además, se priorizaron seis proyectos por un monto aproximado de $6.6 millones, que se desarrollarán en 2023, entre ellos la renovación del parque tecnológico para apoyar en la investigación preprocesal y procesal penal y la implementación del sistema de climatización de la Fiscalía de Quevedo (Los Ríos). (SC)
Los casos que investiga la Fiscalía
El 11 de noviembre de 2022, la Fiscalía pidió a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea que se le remita la información obtenida tras la comparecencia, el 9 de noviembre de 2022, de Carlos Pareja Yannuzzelli, exministro de Hidrocarburos durante el régimen de Rafael Correa.
En junio de 2022, anunció que apelará el fallo del Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia en el caso del pozo petrolero Singue.
La Fiscalía también tiene en sus manos las investigaciones que derivaron del caso ‘Arroz Verde’, entre ellas las presuntas infracciones de lavado de activos, concusión, cohecho y tráfico de influencias.
La indagación del caso conocido como ‘Lucas Majano’ se encuentra en investigación previa que goza de reserva, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 584 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), al igual que la indagación de presuntos aportes económico del Ejército de Liberación Nacional a la entonces candidatura a la Presidencia de la República de Andrés Arauz, por el Movimiento Centro Democrático.
En su despecho también está la denuncia del Frente Parlamentario Anticorrupción (FPA) de la Asamblea que involucraría a candidatos a las elecciones seccionales del 5 de febrero en presuntas actividades ilícitas.
En 2022, la Fiscalía presentó 11 denuncias al Consejo de la Judicatura en contra de servidores judiciales y peritos por incumplimiento de deberes.