Salud, educación, bienestar social, entre otros, suman más de $14.000 millones. El talón de Aquiles es la calidad de ese gasto.
De un total de gastos presupuestados en $27.898 millones para 2022, alrededor de $14.303 millones corresponden a desembolsos programados para el sector social ampliado.
Es decir, según información proporcionada a LA HORA por el Ministerio de Economía, por cada $100 gastados en el Presupuesto General del Estado (PGE), $51 son para temas como salud, educación, bonos, vivienda, entre otros.
El ministro de esa cartera de Estado, Simón Cueva, aseguró que hace un año heredaron una caja fiscal muy apretada y con recursos insuficientes para pagar sueldos cada mes. Por eso, el tema tan criticado de poner la casa en orden era indispensable para destinar más recursos para los sectores prioritarios.
Así, aunque los líderes del paro indígena insisten en que el Gobierno le quita dinero al pueblo para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI), Cueva recalcó que a ese multilateral solo se le pagará alrededor de $60 millones por intereses de deuda. Ese monto es 238 veces menos que lo destinado para el gasto social ampliado.
En total, todo el servicio de la deuda pública, que en más del 60% es deuda interna y menos del 40% con organismos internacionales y gobiernos, llega a alrededor de $6.000 millones. Esto representa dos veces menos que el mencionado gasto social.
Protección social
Desde el inicio del Gobierno de Guillermo Lasso, el presupuesto para toda el área de bienestar social, que incluye bonos y ayudas directas, ha aumentado un 25%. Para todo el año 2022 está presupuestado un total de $1.981,66 millones.
El programa de bonos y pensiones, que se ejecuta a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), actualmente cuenta con alrededor de 1,4 millones de beneficiarios (equivalente a 1,2 millones de núcleos familiares). Esto incluye el Bono de Desarrollo Humano, Bono de Desarrollo Humano Variable, Pensión Adultos Mayores, Pensión Mis Mejores Años, Personas con Discapacidad, Pensión toda una vida, Joaquín Gallegos Lara y, a partir de julio de 2022, el Bono de los 1.000 días.
“Estos programas constituyen transferencias monetarias directas que protegen a los hogares más vulnerables del país. El número de núcleos atendidos de los tres deciles de menor ingreso pasaron de 1 millón al mes de mayo de 2021 a cerca de 1,2 millones en mayo de 2022. El presupuesto solo para este fin es de alrededor de $1.300 millones”, explicó el Ministerio de Economía.
El resto del presupuesto de bienestar social se destina a programas de cuidado, alimentación escolar, entre otros.
Educación y salud
Según la última actualización del presupuesto proyectado para 2022 por el Ministerio de Economía, el gasto total en salud y educación sumará $8.233,76 millones. Según el informe de la ejecución fiscal de 2021, que se puede consultar en la página web de la Asamblea, en esas dos áreas se gastaron $7.958,12 millones durante el año pasado.
Así, apuntalado en unas mejores cuentas públicas, se espera desembolsar $275,64 millones más (3,5%). Además, por el lado de la inversión, gran parte de los $161 millones adicionales para infraestructura se destinará a repotenciar y arreglar hospitales y escuelas.
En los últimos 18 años, solo en esos dos sectores se gastó más de $85.000 millones (2003 a 2021). Eso es casi 8,5 veces más que lo destinado, en igual periodo, a turismo, agricultura, ambiente, trabajo, legislativo y comercio exterior. (JS)
La calidad del gasto en análisis
Norma Ramírez, economista y docente, explicó que el problema de fondo es la calidad del gasto. “La inversión es enorme, pero tenemos deficiente infraestructura y calidad de servicio. Todos exigen más dinero, pero primero se debería evaluar cómo se usan los miles de millones presupuestados. En 2018, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en un estudio llamado Gastar mejor para vivir mejor, ya alertaba de que entre el 10% y 30% se malgasta por ineficiencias, corrupción, servidores públicos sin el perfil y las competencias adecuadas, entre otros”, puntualizó.
En su momento, el exministro de Economía, Mauricio Pozo, cuando iniciaba el conflicto sobre el aumento salarial en el magisterio, aseveró que “antes de pedir más dinero, hay que dejar claro cómo se ha gastado lo ya recibido”.
Por su parte, Gabriela Calderón, investigadora y editora del Cato Institute, apunta a que todo se tuerce desde la cultura y la visión de lo público que tiene el ecuatoriano. “La minoría que paga directamente los impuestos no depende o recurre a los servicios públicos, mientras que la mayoría que no los paga directamente sí. Por eso a los que pagan no les importa la calidad del gasto, y los que reciben los servicios no se quejan porque son supuestamente gratis”.
Solo cuando los problemas estallan, vía colapso de la atención de un servicio o la falta de medicinas en los hospitales, todo el mundo se indigna y quiere pedir cuentas. Pero el deterioro no es de un día para otro, sino que se va consolidando durante años, con deudas impagas, procesos represados, falta de mantenimiento, entre otros.
En promedio, desde el Estado se gastan $100 millones diarios cada año para todo el presupuesto estatal, incluido el pago de deudas.
El área del gasto social ampliado con menos presupuesto para 2022 es la cultura, con $37,87 millones