La organización Diálogo Diverso ha conocido dos casos, en un mes. Por eso ha convocado a instituciones del Estado para implementar protocolos de intervención en supuestas clínicas.
En abril de 2023, dos casos de secuestro levantaron las alertas en la organización Diálogo Diverso, que promueve los derechos de personas Lgbtiq+. Las víctimas fueron localizadas, pero el móvil del hecho no responde a la delincuencia.
Los dos acontecimientos sucedieron contra hombres de 31 y 27 años. Ambos son profesionales, independientes y homosexuales. Este último hecho sería el factor común de sus secuestros, según explica, Danilo Manzano, director ejecutivo de la organización.
Lo llevaron a una ‘clínica’
Una de las víctimas vive en Quito y decidió independizarse. Al ir por sus cosas – el 19 de abril de 2023–, a la casa de sus padres, unos sujetos interceptaron su automóvil y se lo llevaron. En el sitio estaba la amiga y compañera de departamento de la víctima. Ella llamó de inmediato a los padres, quienes no mostraron mayor sorpresa. De hecho, le dijeron que él estaba bien.
La amiga presentó, ante la Fiscalía, una denuncia por secuestro y desaparición. Manzano agradece que la fiscal del caso haya actuado con agilidad y “gran empatía y humanidad”.
Tiempo después, la Asociación de Desaparecidos en Ecuador (Asfadec), viralizó la alerta de secuestro y los padres de la víctima se comunicaron con la organización, comentaron que él no estaba desaparecido y que estaba una clínica de rehabilitación por drogas, luego dijeron que estaba internado por alcoholismo.
La Fiscal llegó hasta la supuesta clínica de rehabilitación, entrevistó a la víctima, quien le mencionó que estaba en contra de su voluntad y que todo apuntaba a que lo llevaron – no por adicciones– sino por su orientación sexual. Hay detalles, que por estar en etapa de investigación no se pueden revelar, pero que refuerzan la teoría de que fue llevado para ser “deshomosexualizado”. Ahora, él está fuera de esa clínica y recibe asistencia psicológica.
‘Consentimientos’
El otro caso, corresponde a un médico que ha reconocido que, en alguna ocasión, consumió sustancias ilícitas, pero que no generó adicción.
Manzano señaló que en ambas situaciones fueron los padres quienes firmaron consentimientos para que estos hombres fuesen secuestrados-internados. Sin embargo, el hecho es ilegal; no solo por ser una acción discriminatoria contra la orientación sexual, sino porque, aunque sí se tratase de personas adictas, tampoco pueden ser rehabilitadas contra su voluntad.
Padres podrían ser denunciados
Manzano dejó en claro que una persona homosexual puede ir a una clínica de rehabilitación, por adicciones, si así lo decide. Lo ilegal es que – bajo fachadas de centros de ayuda– se ofrezcan servicios que atentan contra los derechos humanos como la “conversión” o “cura” a personas Lgbtiq+.
Cuando se trata de un mayor de edad, independientemente de su orientación sexual o creencias religiosas, y que tenga una adicción a sustancias lícitas o ilícitas, tampoco puede ser obligado a ir a rehabilitación.
La norma –explica Manzano– es que si las circunstancias de la adicción representan un peligro para su entorno o la sociedad “la familia tiene que hacer todo un proceso en el que la ley emite, efectivamente, una orden respectiva para proceder (…), pero así porque sí, porque soy el papá y firmo una autorización para que le ingresen a mi hijo mayor de edad, no es así”.
Los padres que firmaron estas autorizaciones podrían ser demandados por secuestro, un delito que está tipificado en el artículo 162 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya pena privativa de libertad es de 10 a 13 años.
Hay patrones comunes que se dan antes de que sucedan actos como los que sufrieron estos dos jóvenes: cuando alguien confiesa a su familia que es gay, hay padres que lo toman mal o con violencia. Luego hay un cambio inmediato de actitud y supuesta ‘aceptación’.
¿Quién se hace cargo?
Diálogo Diverso ha convocado a instituciones estatales: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, Defensoría del Pueblo, Comandancia de la Policía, Ministerio del Interior, Fiscalía, La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), para que señalen cuál es el protocolo para seguir ante estas denuncias y qué institución tiene la competencia de regular estos establecimientos. La reunión está prevista para el 10 de mayo de 2023.
Torturas
Se conoce que en las supuestas clínicas a la que llegaron los jóvenes que fueron secuestrados se tortura a las personas homosexuales. Estos sitios se ubican a las afueras de la ciudades, en sitios con poco acceso a movilidad para que las víctimas no huyan.
También mantienen a las personas sedadas. Hay mujeres que han sido víctimas de violación, según se informó en Diálogo Diverso. (AVV)
En 2012, la OPS señaló que las “terapias de conversión” no tienen justificación médica y representan una amenaza para la salud y los derechos humanos de sus víctimas.