El Gobierno acelera el gasto social y el de obras como antídoto contra la inestabilidad política

POSICIÓN. Arosemena asegura que el orden fiscal sí sirve para impulsar la microeconomía.
POSICIÓN. Arosemena asegura que el orden fiscal sí sirve para impulsar la microeconomía.

El déficit fiscal para 2023 se proyecta en $2.600 millones. Esa cifra corresponde precisamente al aumento en gasto social y obras. Todo se financiará con más deuda de multilaterales.

El ministro de Economía, Pablo Arosemena, reconoce que la inestabilidad política generada desde la Asamblea Nacional equivale a “ponerle un palo en las ruedas a la producción y la economía nacional”. El funcionario asegura que la estrategia del Gobierno es acelerar y profundizar el gasto social y la inversión en obra pública.

Arosemena explica que durante todo 2023 se destinarán alrededor de $2.000 millones adicionales en los presupuestos del frente social (educación, salud, inclusión económica y social, entre otros). Hace poco más de una semana, anunció que se destinarán $600 millones adicionales para obra pública, sobre todo en vías.

El incremento en gasto suma alrededor de $2.600 millones y coincide con el déficit fiscal (más gastos que ingresos) que proyecta la administración de Guillermo Lasso para este año. “Esto se financia con recursos de organismos multilaterales principalmente. Los ingresos petroleros y tributarios no alcanzan”, puntualizó Arosemena. Este déficit proyectado para 2023, sin embargo, es menor a lo que se prevé gastar en subsidios a los combustibles.

En una conferencia de la consultora McKinsey & Company en la Universidad San Francisco de Quito, la noche de ayer, el economista Pablo Lucio Paredes comparó esta cifra con los $300 millones  mensuales que el Gobierno gastó, en promedio, en estos subsidios en 2022; fueron $3.600 millones en un año.

El Ministro de Economía calcula que el orden fiscal y el cierre exitoso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dará espacio al Gobierno para levantar más recursos de otros multilaterales a intereses bajos del 2% y 3%; mientras el riesgo país, fomentado por la inestabilidad política, encarece otras fuentes de financiamiento en más del 16% de interés.

Al inicio del actual Gobierno, el endeudamiento público superaba el 61% del Producto Interno Bruto (PIB); pero según Arosemena, se cerrará 2023 en el 55%.

Esto significa pedir menos deuda para pagar obligaciones pasadas y tener más espacio para endeudamiento en otros fines productivos y sociales.

“Hemos sembrado orden social para poder cosechar mayor inversión en lo social y obra pública. La economía aún no se termina de ordenar; es un proceso permanente. Antes, el ‘malgasto’ se tapaba con deuda cara y a corto plazo”, afirmó Arosemena.

«Le mienten a la gente»

“Cualquier politiquero que dice que no hemos hecho ninguna obra le está mintiendo descaradamente a la gente”, dijo el ministro de Economía.

Como prueba de eso, el funcionario muestra obras como el Hospital general de Manta ($33 millones); Hospital de Bahía de Caráquez ($36 millones), avenida casuarina, en Guayaquil ($11 millones); aeropuerto de Manta ($30 millones), Unidad Educativa José Joaquín Olmedo, en Guayaquil ($7 millones), la vía desde el puerto al aeropuerto de Manta ($2 millones), centros de salud ($3 millones); infraestructura educativa (más de $40 millones), entre otras. Algunas de estas, sin embargo, son «repotenciaciones» de edificios existentes o entrega de obras iniciadas por otros gobiernos.

Además, asegura que están en ejecución otras obras como el corredor Chingón Santa Elena ($42 millones); carretera Las Golondrinas, en Imbabura ($59 millones); carretera Baeza-Reventador, en Sucumbíos ($18 millones), carretera Pedernales-Rocafuerte ($26 millones), paso lateral en Guaranda (más de $47 millones), carretera Latacunga-La Maná ($19 millones), entre otras.

Inversiones infladas, del pasado

En un principio, el Plan Anual de Inversiones se fijó en $1.871 millones; a los que se deben sumar $600 millones adicionales; muy por debajo de los más de $4.000 millones o $5.000 millones de la década correísta, financiados en su mayoría con créditos de altísimo interés y condiciones adversas para Ecuador y, en muchos casos, glosados y señalados por grandes actos de corrupción. El economista Andrés Romero coincide en que gran parte de esos montos se iban en sobreprecios, obras sin estándar técnico que en poco tiempo necesitaron reparaciones importantes, e incluso cifras importantes de gasto corriente escondido.

“En el Gobierno de Lasso, cuando todavía era ministro Simón Cueva, se sacó de los presupuestos de inversión alrededor de $1.500 millones que en realidad eran gastos de sueldos. Ese nivel de distorsiones existía en los montos de inversión pública”, explicó Romero.

El aspecto que sí está pendiente, pero no solo en el Gobierno central, sino sobre todo en los gobiernos locales, es mejorar los niveles de calidad y de ejecución.

En el caso de los gobiernos locales, se reciben más de $3.800 millones de transferencias al año, pero los resultados en obras son deficientes. Así, por ejemplo, Quito cerró 2022 con el 65% de ejecución presupuestaria. (JS)

El total del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2023 supera los $31.500 millones.

El Gobierno defiende su aporte a tu bolsillo

“Cuando nos ocupamos de la microeconomía, la macro se cuida sola. El mejor pulso de la economía son las ventas; esa es la sangre de la economía”, dijo Pablo Arosemena, ministro de Economía; considera que sí se ha impulsado la microeconomía o el bolsillo de los ciudadanos a través de varias medidas.

Por un lado, está la inyección de alrededor de $6.222 millones en créditos a la base de la pirámide productiva. Esto a través de préstamos que entregan BanEcuador, Banco del Estado, Corporación Financiera Nacional (CFN), Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips).

También resaltó la reducción de impuestos, entre ellos el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), que este 2022 cerrará en 2%.

Arosemena finalmente recalcó que los bonos y ayudas sociales, con un gasto de alrededor de $1.400 millones, benefician a 1,9 millones de personas. Esto significa casi duplicar el millón de beneficiarios que se registraban al final del gobierno de Lenín Moreno.

“Tienes inestabilidad política desde la Asamblea, pero por el otro lado, tenemos una economía que vamos a seguir fomentado e inyectando más recursos a través de gastos sociales, obra vial y seguridad. A esto se suma reducción de impuestos y reglas claras”.

Pablo Arosemena
Ministro de Economía