Cuatro de cada 10 estudiantes aseguran que dentro de sus colegios hay algún tipo de droga. Las autoridades del Ministerio de Educación están al tanto de estas realidades. ¿Qué se hace?
Ya no son secretos a voces. Estudiantes, padres de familia, autoridades y hasta el Ministerio de Educación conocen sobre pandillas que operan dentro de las instituciones educativas.
“No es que solo te roban o te tratan mal. Te obligan a comprarles droga o llevarla hasta algún sitio. Un día me hicieron dejar una funda en un basurero cerca del cole”, dice, Juan (nombre protegido), alumno de segundo de bachillerato.
Cuando la madre de Juan supo lo que pasaba decidió cambiarlo de colegio. Para su familia ese camino era el más fácil, pues no confiaban en que las autoridades hicieran algo.
Lo vivido por este joven de 17 años, lo confirman las cifras de la encuesta ‘Niñez y adolescencia desde la intergeneracionalidad’, en la que se detalla que 4 de cada 10 estudiantes en Ecuador aseguraron que dentro de sus colegios había algún tipo de droga. También que el 10% de niños y adolescentes de instituciones educativas confirma haber probado alguna vez una droga.
La entrada de drogas a instituciones se da a través de alumnos que, abiertamente, señalan ser miembros de bandas delictivas. “No dicen que son de esas bandas de las noticias (las que ahora son consideradas terroristas), pero sí dicen que son Ñetas”, señala un alumno del colegio Montúfar, en Quito, quien a la salida del colegio ha sido amedrentado.
En el Colegio Mejía, en Quito, donde se ha registrado un suicidio por acoso escolar y denuncias por violencia, los alumnos señalan que hay grupos que los amedrentan. “Dicen que son de la Demencia Mejía”, cuenta un estudiante de 15 años, a LA HORA.
Por su parte, miembros de la barra ‘Demencia Mejía’ han señalado que su nombre ha sido tomado por alumnos que ni siquiera son miembros.
En una rueda de prensa, el 28 de abril de 2023, María Brown, ministra de Educación, reconoció que tienen conocimiento sobre pandillas que operan en los colegios e hizo un llamado a la comunidad educativa a “no dejar de denunciarlo”. “Si existe una denuncia, una alerta, la responsabilidad del adulto es activar los protocolos”, dijo al agregar que cualquier persona que vea un delito flagrante en una institución educativa se debe llamar al ECU 911.
“Las denuncias pueden ser anónimas”, enfatizó la Ministra. Además, si el delito no es flagrante se debe denunciar en 1800 DELITO.
Consumo temprano
El Ministerio de Salud tiene algunas ‘luces’ sobre esta problemática a partir de los servicios de los Centros de Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (Cetad).
En los últimos tres años, por ejemplo, 60.082 niños y jóvenes, entre 10 y 18 años, han sido atendidos por problemas de consumo.
En enero de 2022, Alexandra Vela, exministra de Gobierno, calificó de preocupante la temprana edad a la que está iniciando el consumo. “En muchos casos bordea los 8 años de edad”, señaló. Desde esa institución se determinó que hasta el 30% de la droga decomisada iba al microtráfico que significa el consumo interno y la venta en las calles y exteriores de colegios.
¿Pero qué drogas se consumen entre los estudiantes?
Los alumnos consultados por LA HORA concuerdan que lo que más se vende es marihuana y “la clona”, esta última es Clonazepam, un medicamento que usualmente se utiliza y es recetado para atender tratamientos de ansiedad y depresión.
Aunque es un fármaco que requiere receta, los alumnos dicen que se vende desde $10 una pastilla. También hay cocaína, “pero en menor cantidad” dicen los estudiantes.
Profesores ‘vacunados’
Los alcances de las pandillas estudiantiles llegan incluso a los docentes. Así lo relata María (nombre protegido), docente de una institución particular, ubicada en el norte de Quito.
“Hay un grupo de alumnos que exige desde buenas notas, hasta plata. A algunos compañeros les han pedido entre $25 y $50. Cuando no han querido darles les rayan el carro, les rompen los vidrios, les siguen, les intimidad”, dice.
Ante esto, no ha existido denuncia porque “al ser menores de edad es más complejo”. Por eso, la medida es que los estudiantes terminen el año lectivo y, después, se les niegue la matrícula. “Yo les pongo buenas notas, no me quiero pelear con ellos”, dice la profesora. (AVV)