La minería ilegal provoca daños a la seguridad, al ambiente, conlleva la precarización del trabajo, y hace parte de la estructura delincuencial, argumenta el gobierno.
El Gobierno resolvió declarar a la minería ilegal y a todas sus actividades conexas como una amenaza y atentado a la seguridad integral del Estado. La decisión se produjo luego de una reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), convocada por el presidente Guillermo Lasso.
Al mismo tiempo, decidió que se respaldaría las concesiones mineras legalmente establecidas para que puedan ejercer sus actividades en ejecución de sus contratos, licencias y autorizaciones, dijo Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública, al término de la cita.
El Consejo también tomó esta decisión tras revisar el impacto y los daños que actualmente representa la minería ilegal en el ámbito ambiental, laboral y de seguridad.
Este último tema debido a que este flagelo es parte de la cadena del tráfico de armamentos, explosivos y lavado de activos.
En los próximos días, el presidente de la República firmará un Decreto Ejecutivo que definirá un reordenamiento normativo para establecer registros, controles y supervisión estatal en relación a actividades que coadyuvan a la minería ilegal. Y se revisará el esquema de sanciones y la participación de Policía y Fuerzas Armadas en operativos
El Cosepe ratificó que las fuerzas del orden tendrán la obligación del aseguramiento de todo el territorio nacional para garantizar la paz y el cumplimiento de actividades legalmente autorizadas. (SC)
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