Para las 10:00 de mañana se tiene previsto el arribo de los cuerpos de Efraín Segarra, Javier Ortega y Paúl Rivas, integrantes del equipo periodístico de El Comercio, secuestrados y asesinados por la banda liderada por alias ‘Guacho’ en la frontera colombo–ecuatoriana en abril de este año. Ayer se confirmó finalmente que los cadáveres localizados en una zona rural de Tumaco (Colombia) correspondían al grupo ecuatoriano.
“Nos duele el asesinato de tres periodistas ecuatorianos –dijo el canciller José Valencia–. Una situación como esta ha unido a nuestro país en el pesar, en la tristeza”. Agregó que la toma de rehenes y la muerte en particular de comunicadores sociales es un acto condenable desde cualquier punto de vista.
La identificación de los cuerpos
Valencia afirmó que los resultados definitivos de ADN fueron comunicados primero a los familiares por las autoridades forenses de Colombia. De hecho, el Fiscal de ese país, Néstor Martínez, en una corta rueda de prensa en los exteriores del Instituto de Medicina Legal en Cali, informó que se habían reunido con los familiares de las víctimas. “Se les ha informado que los cuerpos pertenecen efectivamente a los tres periodistas ecuatorianos y con base en esa determinación científica continúa en consecuencia la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación”.
En tanto, Javier Andrade, representante legal de las familias, dijo que espera que se cumpla el compromiso de la Fiscalía de Colombia para que se les permita el acceso directo a los expedientes y a toda la información sobre las investigaciones realizadas. Y se espera lo propio de Ecuador.
La voz de las familias
Los familiares del equipo de comunicadores, a través de un comunicado, manifestaron que asumen la confirmación con “profundo dolor y consternación por este repudiable crimen”. Insisten, por tanto, en el pedido de que el triple secuestro y posterior asesinato no quede ni en el olvido, ni en la impunidad y que no se vuelva a repetir. “Este secuestro y asesinato no puede formar parte de una lista de la normalidad, no puede ser naturalizado, y las responsabilidades en todos los niveles deben ser establecidas”, escriben.
Por eso esperan que la identificación de los cuerpos sea el inicio de un camino en búsqueda de la verdad y que los informes de la Fiscalía colombiana permitan esclarecer las circunstancias de su asesinato.
Además, para ayudar con las investigaciones sobre el secuestro y asesinato, se prevé que en julio arribe al país una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (MMD)