Violencia sexual: un estado sin acción

Calderón. Uno de los espacios de la escuela comunitaria en la cual un profesor violentó a 84 menores.
Calderón. Uno de los espacios de la escuela comunitaria en la cual un profesor violentó a 84 menores.

QUITO

84 nuevas vidas heridas por un profesor

La denuncia salió del rectorado de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Mushuk Pakari, de Calderón, al norte de Quito. Ahí, al menos 84 estudiantes de entre 12 y 14 años habrían sido objeto de agresiones sexuales.

La fiscal Mariana Huilcapi, encargada del caso, informó que el primer aviso formal que recibió el Ministerio Público se dio en julio pasado con 10 casos de menores vulnerados. Desde ahí arrancó la investigación. Para ello, la Fiscalía empleó psicólogos especializados en violencia de género que obtuvieron versiones de las víctimas.

Con esos antecedente, las autoridades emitieron una orden de detención con fines investigativos para Antonio Ch., de 41 años. El docente fue capturado la mañana de ayer en el sector de Cotocollao. El sospechoso, según la Policía, trabajó en otras instituciones educativas.

“Estos actos deben ser denunciados. No tengan miedo a las amenazas de rebaja en las notas”, dijo Carlos Blanco, jefe del distrito Calderón. (FLC)

ENTREVISTA

“Docentes serán evaluados”

María Augusta Montalvo, subsecretaria de Educación, •

¿Qué antecedentes tenía el profesor que es acusado de abusar contra 84 niños en la unidad educativa Mushuk Pakari?
Estoy investigando, estoy levantando toda la información porque hemos tenido esa denuncia específicamente de él y tengo que levantar toda la información del docente.

Mientras, ¿qué medidas se han tomado en su contra?
Va a ser destituido. Hoy hemos iniciado y está siendo retirado del sistema educativo.

¿Qué pasa con las autoridades del plantel?
Voy a destituir a la Junta de Resolución de Conflictos del Distrito 2. La conforman el Director, el Jefe Legal y el Jefe de Talento Humano.

882
denuncias en 3 años recoge el Ministerio de Educación.¿El plantel seguirá funcionando con normalidad?
Sí. Estamos investigando un caso de abuso sexual de un docente en este momento. Hemos pedido la intervención del plantel educativo.

¿En qué casos el Ministerio de Educación decide reubicar a los profesores (se habla de que el acusado había dictado clases en otro plantel)?
Hay que investigar caso por caso. Nosotros levantamos ahí un proceso administrativo. Cuando son casos de abuso sexual, cero tolerancia a eso, vamos a separar a los docentes. Esa es la disposición.

¿Se sabe cuántos profesores tendrían ese tipo de antecedentes, por lo menos en Quito?
No tengo esa estadística. Estamos levantando la información. Desde el 2013 se aplican pruebas psicológicas y sicométricos a los nuevos profesores en los concursos, ¿pero qué pasa con los más antiguos? En principio, todos los docentes del sistema educativo van a ser evaluados.

¿Desde cuándo?¿y en qué consistirá el proceso?
No tengo la fecha exacta, estamos levantando la plataforma porque ustedes saben que esto se hace a través de una plataforma con unas pruebas específicas, no tengo yo este momento las fechas exactas. (RVD)

Paraguay. La salida de Glas Viejó desde Asunción. Foto cedida por el diario ABC Color.
Paraguay. La salida de Glas Viejó desde Asunción. Foto cedida por el diario ABC Color.

ANTES DE 2014

El Estado se olvidó de 69 vidas

¿No hay datos sobre violencia sexual contyra la niñez antes de 2014? La obra del Colegio de Abogados del Guayas, el del ciclo 2007-2011, contradice esa versión oficial. Al abrigo del jurista Alfonso Luz Yunes, el gremio conformó una clínica de DD.HH., la cual patrocinó 69 casos. Uno de ellos fue la niña abusada por Jorge Glas Viejó…

Pedro Granja, uno de los seis abogados que seguían las causas, cuenta que el Estado se olvidó absolutamente de esos menores. Su tesis se respalda, entre otras fuentes, en el estudio que desarrolló junto con Simone Santorso, para la Universidad de Padova. En él se cuenta que en el 40% de los casos estuvo involucrado un actor del sistema educativo. Familiares representaron el 57% y extraños (tenderos, heladeros) el 3% restante.

EL DATO
El abogado Pedro Granja dice que hubo 30 pedidos para que el Estado inicie un proceso de reparación integral a las 69 víctimas en el ciclo 2007-2011.El estudio contiene indicadores más crudos todavía. De los estudiantes violentados sexualmente, en un 89% sufren pesadillas constantes; en un 32% intentaron suicidarse y en un 76% luchan contra el consumo de drogas. “Entran y salen de clínicas de rehabilitación”.

¿Qué nivel de respuestas ofreció el Estado? Para Granja, nada… ¿Reparación integral? Nula. ¿Protocolos para seleccionar docentes? Ninguno. ¿Asistencia sicológica posterior? Ninguna.

Para la mayoría de los procesados hubo una pena mayor de 25 años. Glas Viejó recibió 20 años. “A él lo capturan en la escuela Hans C. Andersen donde era Director. La profesora Digna Gómez, maestra de la niña y quien sabía que venía siendo abusada, nunca fue vinculada al proceso. Ella le llevaba 20 dolares semanales a la madre de la niña para q calle. Y luego fue ascendida a Directora de esa misma escuela.

El abogado guayaquileño recuerda que “nunca se pudo iniciar la acción reparatoria porque en la sentencia penal nunca se incluyó eso. Pedí a los jueces que completen la sentencia, pero muchos consiguieron mi número y me pedían que baje el tono”. (IFP)

SOCIEDAD. Manuel Martínez
SOCIEDAD. Manuel Martínez

Qué dice la ONU

26 años con problemas aún por resolver

Pese a que han pasado 26 años desde que Ecuador suscribió la Convención de los Derechos de los Niños, su situación “aún presenta graves problemas a los cuales el Estado debe responder”. Esa es una de las conclusiones que hacen organizaciones como el Pacto por la Niñez y Adolescencia, la Coalición de Mujeres del Ecuador, la Fundación Desafío y el Frente de Defensa por los Derechos Sexuales y Reproductivos, ante los casos de abuso que han estremecido al país.

54%
de docentes no sabe cómo actuar frente a estos casos.“Nadie les pregunta en este país a los chicos qué opinan sobre estas cosas -dijo Manuel Martínez-. Cuando hubo el problema de las drogas, la Policía se fue a meter a los colegios en Guayaquil. ¿Quién preguntó a los chicos cómo vamos a enfrentar este problema?”, refirió.

Sybel Martínez, del grupo Rescate Escolar, apuntó que el Ministerio de Educación “no cuenta con datos claros” sobre la problemática de la violencia de todo tipo dentro de los planteles y apuntó que los docentes tienen falencias para abordar estos casos. Basada en una investigación realizada por esta organización, entre otros temas, indicó que el 54% de los docentes no tienen herramientas suficientes para poder controlar casos de violencia.

Virginia Gómez, de la Fundación Desafío, recordó que en septiembre pasado el Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Niños hizo una serie de recomendaciones a Ecuador.

Entre ellas, citó, la adopción de planes para erradicar la violencia sexual en los centros educativos, agilidad en la justicia sobre los casos denunciados y que se deben “introducir procesos obligatorios de selección y verificación de antecedentes para los profesionales que trabajen con niños”. Recomendaciones de la ONU

EL DATO
Ecuador tiene muchísimo que mostrar: protocolos, reglamentos, formas de atención a víctimas… Lo dice Rosanna Alvarado, minis-tra de Justicia.1.- Adoptar sin demora una estrategia nacional para eliminar la violencia sexual contra las niñas en el hogar-tanto en zonas urbanas como rurales- y en los sistemas educativos.

2.- Introducir procesos obligatorios de selección y verificación de antecedentes para los profesionales y todo el personal que trabaje con niños, tanto en escuelas públicas como privadas.

3.- Acelerar procesos judiciales de presuntos autores de violencia sexual contra niñas, agilizar las investigaciones de oficio.

4.- Adoptar normas claras para proporcionar medidas de reparación y compensación a las niñas víctimas de violencia y abuso sexual, incluyendo la reparación sicológica y la consejería. (RVD)

Versión. La exrectora dijo que ella actuó apegada a normas del Ministerio.
Versión. La exrectora dijo que ella actuó apegada a normas del Ministerio.

GUAYAQUIL

La exrectora dijo que denunció el caso al Distrito

Los padres de los niños abusados por profesores del colegio réplica Aguirre Abad, estuvieron atentos a la versión de la exrectora Patricia Cuenca.

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colegios de GYQ, foco de denuncias recogidas por UNEMaryouri G., mamá de uno de los menores, cree que Cuenca cometió una falta grave al omitir las denuncias y al “amedrentar” a los papás con advertencias de que el caso podría revertirse en su contra si se atrevían a denunciar. El fiscal César Peña indicó que la exrectora se contradijo en varios pasajes de la versión libre y voluntaria. Detalló que cuando se le preguntó el porqué no denunció el caso, respondió que sí lo hizo, pero ayer señaló lo contrario al sostener que no lo hizo por seguir los protocolos que le imponía el Ministerio de Educación, por lo que reconoció que una madre de familia llevó el caso a esferas judiciales.

El fiscal retuvo el teléfono celular de la profesora para una pericia y poder hallar los diálogos que esta mantuvo con los profesores ahora detenidos. Peña no solicitó la prisión preventiva de Cuenca porque el caso está en etapa de indagación, por fraude procesal.

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casos de violencia sexual registran los DECE en colegios fiscales.Hernán Ulloa, abogado de los padres, sostuvo que consultó a la rectora sobre las denuncias que omitió. Ella confirmó que eso era cierto pese a la obligación legal que tienen los funcionarios públicos de llevar los casos a la justicia. “Ella reconoció que omitió las denuncias y que las derivó al Distrito, cuando debió buscar a la Fiscalía”.

Mónica C., también mamá de un niño, señaló que se debe hacer justicia sancionando a los causantes del daño. Miguel G. abuelo de otro menor, lamentó que la rectora no vaya a prisión.

A su retiro de la Fiscalía, Patricia Cuenca, no dio declaraciones a la prensa. Ocultó su rostro con gafas oscuras y se abrió paso con su abogado hasta la planta baja.

Sin embargo, Diego Bejar, su defensor, alcanzó a señalar que su cliente es inocente porque no omitió ni ocultó ninguna denuncia ya que actuó apegada a los reglamentos del Ministerio.

El fraude procesal se sanciona con prisión de 1 a 3 años, según el Código Orgánico Integral Penal. La rectora impidió el ingreso de la Policía y la Fiscalía al colegio donde se registraron los casos de abuso sexual, el pasado 6 de octubre. (DAB)