La votación del texto final del proyecto no podrá exceder el plazo de 60 días. El paquete de reformas podría archivarse.
El plazo de 60 días (desde el 22 de febrero de 2024) que dio el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle (PSC), para la votación de algunos articulados de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), se cumple el 22 de abril de 2024. En algunas bancadas hay incertidumbre sobre si continuará o no el tratamiento de estos cambios.
Hasta antes de la vacancia legislativa (que se cumplió entre el 26 de marzo y el 9 de abril), los parlamentarios no reunieron los 70 votos requeridos para aprobar una moción planteada por María Fernanda Araujo (ADN) de un articulado sobre:
- Aumento de penas para delitos por sicariato, terrorismo y delincuencia organizada.
- Reformas a tipo de procedimientos como beneficios penitenciarios.
- Investigación previa y recurso de revisión.
- Tipificación de nuevos delitos como el
Este era uno de los temas que tenía pendiente por resolver el Legislativo luego del receso. Sin embargo, los plazos para su tratamiento y poder cumplir con el término de 60 días dados por Henry Kronfle, están ajustados.
La suspensión de la jornada laboral de dos días ordenada por el presidente de la República, Daniel Noboa (ADN) podría impedir el objetivo, aunque otra posibilidad sería una convocatoria a una sesión virtual el 22 de abril.
Al menos, esta fue la sugerencia que planteó el legislador Adrián Castro (ADN) para evitar un eventual archivo de la ley.
“No podemos permitir que se archive; (el presidente de la Asamblea) no podría cometer una omisión en no convocar a sesión para el tratamiento del COIP. Además, se estaría incumpliendo el tratamiento de la agenda legislativa que nosotros mismos aprobamos para el 2024”, dijo.
El parlamentario defendió que con la aprobación del articulado se podría dar herramientas legales a la Fiscalía para la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada.
Hasta cerca de las 15:00 de este 18 de abril, el movimiento Construye no tenía información desde la Presidencia de la Asamblea respecto de una convocatoria a una sesión para abordar el COIP.
Sin embargo, Jorge Peñafiel, afirmó que no se debería tratar algo que tiene el interés de imponer la “impunidad, sea en bloques, artículo por artículo o en su totalidad”, expresó al señalar que por mandato de la Ley se debería archivar.
¿Qué dice la ley sobre el archivo?
En los incisos 12 y 13 del artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) se señala que, una vez agotado el segundo debate, la votación del texto final del proyecto de ley no podrá exceder el plazo de 60 días. Se podrá mocionar la aprobación del texto íntegro de la ley, por secciones o artículos.
La normativa agrega que, con el voto favorable de la mayoría absoluta (mitad más uno de los asambleístas presentes), el Pleno de la Asamblea Nacional, podrá archivar el proyecto de ley.
Sin embargo, Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), dijo que en el último párrafo hay un vacío y puede estar sujeto a interpretaciones.
En su opinión, el Pleno del Parlamento debería tomar una decisión y sesionar para votar por el archivo o la aprobación. No obstante, consideró que, como en otros procesos legislativos y de fiscalización, podría ocurrir que las reformas al COIP queden en el limbo por falta de tratamiento legislativo.
Primero, porque el artículo 61 de la LOFL no establece de forma clara qué ocurre con los artículos que no se votan y, segundo, porque el Pleno no tomó la decisión de aprobación o archivo.
Remarcó que, en caso de que no se convoque a sesión para conocer el tema, el proyecto no será aprobado, ni archivado.
Roger Celi también consideró que podría ameritar la clausura de la sesión 900 del 22 de febrero de 2024 en la que se abordó el tema para que el tema “quede enterrado”.
Para Celi, “aparentemente” la intención de la Presidencia de la Asamblea sería que los plazos concluyan, con lo que el tema quedaría sin sustento. (SC)
Propuestas del correísmo no se retomarán
En la sesión 900 del 22 de febrero de 2024 durante las reformas al COIP, el correísmo perdió el respaldo para una moción que intentaba levantar la reserva de las investigaciones de la Fiscalía, y obligar a que dicha institución entregue información reservada al Parlamento e incluso a organismos como el Consejo de la Judicatura y la Contraloría.
Si se llegaba a aprobar la reforma, la Fiscalía también hubiese tenido que archivar investigaciones previas cuyos delitos aún no han prescrito, so pena de sancionar a los titulares de las acciones penales públicas. Las reformas al COIP que no lograron apoyo incluían un recurso de revisión de sentencias condenatorias ejecutoriadas, pero que en la actualidad solo es posible si los sentenciados presentan ante la justicia ordinaria una prueba nueva.
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