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Hora Cero: ¿Deudas ya se heredan?

Domingo, 7 de Abril de 2013

¿Deudas ya se heredan?

Las instituciones del sector público que tengan potestad de cobrar acreencias a sus deudores empresariales podrán iniciar los procedimientos coactivos para extender su cobro a las personas naturales que están atrás de las personas jurídicas y sobre sus bienes. Más aún, si los bienes del deudor no son suficientes para cubrir la deuda, ésta se extiende a sus familiares: hijos, hermanos y más, hasta el cuarto grado de consanguinidad.


La normativa, que se está “mal aplicando”, a criterio del jurista Jorge Zavala Egas, está contemplada en la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos de los Trabajadores que se publicó en el Segundo Suplemento del Registro Oficial N.797, del miércoles 26 de septiembre de 2012, luego de la aprobación de la Asamblea Nacional y el veto propuesto por el Ejecutivo.


El primer debate de esta Ley se cumplió el 20 de julio de 2012 y el segundo debate el 31 de julio del mismo año. En el articulado se establecen aspectos como los permisos que deberán dar los empleadores a las madres lactantes, los beneficios de los trabajadores y empleados domésticos, la situación de la afiliación atrasada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).


Además, como estaba en pleno debate la situación de los casinos en el país, cuya actividad quedó al margen de la ley después de la Consulta Popular, se incorporó una disposición general para iniciar los juicios coactivos y se proceda al embargo de bienes de los dueños de los casinos, salas de juego, para cumplir con la liquidación de los trabajadores del sector.



Acción coactiva


Aunque esta ley detalla en la mayor parte la defensa de los derechos laborales de los ciudadanos, en el Artículo 1 se determina que: “Las instituciones del Estado que por ley tienen jurisdicción coactiva, con el objetivo de hacer efectivo sus acreencias, podrán ejercer subsidiariamente su acción no solo en contra del obligado principal, sino en contra de todos los obligados por Ley”.


Y la normativa se extiende para “el caso de las personas jurídicas usadas para defraudar (abuso de la personalidad jurídica), se podrá llegar hasta el último nivel de propiedad, que recaerá siempre sobre personas naturales, quienes responderán con todo su patrimonio, sean residentes o no en el Ecuador”.


En base a esta normativa se establece que las medidas precautelares podrán extenderse a los bienes que estando a nombre de terceros existan indicios que son propiedad de las personas mencionadas en los primeros párrafos del Artículo 1.



Cobros a como dé lugar


Para Zavala Egas este articulado convierte a los bienes de los ecuatorianos en “inermes” frente a la acción coactiva de la administración pública.


En tanto para el analista Alberto Acosta Burneo y para el experto tributario Carlos Pontón, con esta normativa lo que se busca es llegar hasta el final del cobro de las obligaciones pendientes, es decir establecer una suerte de responsabilidad ulterior.


"El problema consiste en que mal aplicada, esta ley le permite a cualquier recaudador de empresas del sector público como Servicio de Rentas Internas (SRI), Secretaría Nacional de Aduanas (Senae), IESS, Banco Nacional de Fomento (BNF) y cualquier institución que tenga potestad de cobro de estas acreencias, iniciar los procedimientos coactivos según ellos, rechazando la personalidad jurídica de las empresas deudoras, están yendo a las personas naturales que están atrás de las personas jurídicas y sobre sus bienes", señala Zavala.


Pontón, de su parte, explica que este artículo se puso por insistencia de entidades que tienen una función coactiva, como el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Banco Nacional de Fomento, entre otras. “El objetivo es que las grandes empresas no se escuden en el velo societario (mediante la cual se limita la responsabilidad patrimonial de quienes se asocian) para perjudicar al fisco”.


Con este mecanismo se evitaría que un determinado deudor ponga empresas a nombres de terceros en una especie de testaferrismo, evitar que se escuden en paraísos fiscales, o que se realice la piramidación de sociedades y no se puedan cobrar las deudas contraídas con determinada entidad.


Pontón añade que la intención de la ley puede ser buena, pero que siempre implica riesgos si es mal utilizada. “Es una manera de poder exigir que se pague la deuda”, dijo.

 

EL DATO 

 

72 votos de respaldo recibió la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos de los Trabajadores, en la Asamblea Nacional.

 

Deuda se transfiere


El jurista y experto tributario Jorge Zavala Egas expresa los problemas que se generan por la transferencia de las deudas.


“Si una empresa tiene como accionista a Jorge Zavala, esa empresa le debe al IESS y al SRI, según ellos, se le inicia una coactiva, automáticamente el auto de pago, le quitan la personalidad jurídica a mi compañía, van contra mis bienes y si consideran que mis bienes no son suficientes, pueden ir contra los de mis familiares, de mis hijos, de mis hermanos, hasta el cuarto grado de consanguinidad y eso con todos los ecuatorianos, ninguno se salva”, advierte.


En este sentido, el legislador por el Partido Socialista, Eduardo Encalada, miembro de la comisión que trató la ley, explica que el espíritu de esta Ley fue que las instituciones tengan el poder de recuperar los recursos del Estado, para lo cual se debe llegar hasta las últimas instancias, o en este caso, siguiendo la cadena de propiedad (accionistas), para evitar fraudes.


En tanto, Acosta Burneo considera que leyes como estas fomentan el temor y la inseguridad en las personas que tienen acciones en determinada empresa, que a su vez puede afectar el desarrollo de las inversiones y del mercado de valores.

“Muchas personas que compran acciones pueden pensarlo dos veces antes de hacerlo, ya que reflexionarán lo que podría pasar si la empresa en la que adquieren acciones entra en conflicto laboral o con el Servicio de Rentas Internas, pueda que deba reprender no solo por el valor de las acciones que compró sino con todo su patrimonio”.


En este sentido, añade que la ley es demasiado amplia que termina por generar una inseguridad jurídica. “Antes un accionista era responsable por el monto de su capital invertido en la sociedad, y con esta ley la responsabilidad es ilimitada, no importa cuánto capital haya puesto en la sociedad, igualmente es responsable inclusive con su activos”, dijo el especialista.



12 personas enjuiciadas


Zavala señala que la ley ya se ha comenzando aplicar en forma “desorbitada”.


Puntualiza que el Estado ya ha iniciado acciones contra 12 personas, que hoy se defienden de esta atrocidad. “En el caso Icaro, por ejemplo, no cayeron sobre la empresa, cayeron sobre los hijos del dueño de la compañía. Los hijos no tenían nada que ver con Icaro, pero por una acción que heredaron del abuelo, se le llevaron todo”, recordó.


Señaló el caso Profeseries, ex Invermund, dueña de las salas de juego.


“Aquí les cayeron a los relacionados como empleados y a los familiares de los que eran gerentes o subgerentes de la empresa. Con esto de la vinculación hacen maravillas”, señaló.


El jurista afirma que esta ley se ha convertido en un “poder salvaje” en su aplicación. “Nadie puede estar seguro, ningún núcleo familiar y nadie puede ser socio en una empresa”, recalca.


Reitera que la aplicación de la ley es producto de la ignorancia o la mala fe, se ha creado un caos en el país. “De los casos 10 me llegaron a mí y 2 me han sido consultados por los abogados”, indicó.


A esto añade que el cuerpo legal es un poder que le permite a la administración pública, hacer o deshacer de los bienes familiares.


Zavala aclara que las deudas no se heredan, pero si sostiene que el padre de alguien compró una empresa que tiene deuda con el IESS, el comprador adquiere la acreencia, pero como la ley habla de los obligados por ley, entra la sucesión hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

 


 

Asambleísta. Eduardo Encalada.

Ley busca evitar fraudes

“El objetivo de la ley es recuperar los recursos del Estado”, explica Eduardo Encalada, miembro de la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario, encargada de elaborar los informes para el debate de la Asamblea, de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales que fue remitida por el Ejecutivo en calidad de urgente en materia económica.


El legislador por el Partido Socialista señala que para el cobro se debe llegar hasta las últimas instancias, o en este caso, siguiendo la cadena de propiedad (accionistas) para evitar fraudes. “El interés general está sobre el interés particular y si en el debido proceso se ve que existe el derecho a recuperar los recursos, alguien tiene que responder por esos recursos, siempre y cuando se respeten los derechos de las personas”, dice Encala.


El asambleísta considera que esta normativa ha permitido concienciar y generar responsabilidad empresarial sin que esto signifique inseguridad jurídica. “Va creándose conciencia en la administración pública y privada de que todos tenemos que aportar a través de nuestras actividades”, finaliza el asambleísta.

 



Jorge Zavala: Se aplica un salvajismo legal

"Con esta ley ningún grupo familiar va a estar seguro, cuando alguien tenga una deuda”.


"Si vas a demandar a la Justicia, a la CC, Fiscalía, simplemente te mandarán al diablo”.



"La reforma penal es que todos los jueces son de Correa”.



"Ley es producto de la ignorancia o a la mala fe. Se ha creado un caos en el país”.

 

 

El jurista y experto tributario, Jorge Zavala Egas muestra su preocupación por la aplicación del articulado de la ley, pues afecta a los bienes de las personas relacionadas o vinculadas como padres, hijos y hermanos.


Zavala, desde la paz de la inmensa biblioteca que posee en su residencia de Lago Sol, habló con La Hora, mientras pulía un informe jurídico respecto de la ley, especialmente con la intención de explicar qué cuerpo legal le ha sido entregado a todos los inspectores del trabajo del país, muchos de los cuales apenas son abogados, recaudadores fiscales y recaudadores especiales por delegación.

 

"Estamos hablando de que los bienes están en manos de unas 20 mil personas de muy escasa preparación jurídica, que por hacer méritos y cobrar, convierten la ley en una bomba atómica contra todo el mundo", dijo.


El experto afirma que esto es parte del totalitarismo que vive el país, más aún cuando no existen jueces que deseen dictaminar algún fallo contra el Gobierno. "Nos hemos quedado sin garantías, por lo tanto no hay cómo recurrir a los jueces porque se pierde plata y tiempo", refirió.


A esto añade que si demandas la inconstitucionalidad de la ley en la Corte Constitucional, también se pierde porque los 9 vocales son de Correa ¿Qué sacas con eso? Nada. ¿A quien le protestas? A nadie, lo único que queda es la denuncia internacional.


"Mientras tanto el salvajismo es grande. La reforma de Correa es que los jueces son míos.Quieres quejarte, quéjate al juez, igual el juez es mío", manifestó.


Zavala, quien enciende un cigarrillo tras otro mientras horrorizado relata lo negativo de la ley, cuenta que para defender los casos que lleva, ha tenido que hacer una reingeniería jurídica total. "Para parar una bestialidad que hizo una inspectora de trabajo, con una empresa cuya deuda cayó sobre los hijos del responsable de la deuda, me llevó a interponer 8 denuncias penales contra los inspectores, para detener el proceso y ganar tiempo", relató.


Advirtió que, dada la aplicación de la obligación, algún día un afectado va a sacar un revólver y le va a pegar un tiro al responsable de esto.


Otro ejemplo que señala ocurrió en Quito, con el caso EICA, donde así mismo fueron contra la persona jurídica y sociedad anónima, pero a su vez hicieron acción de cobro contra los hijos y los hermanos del accionista de esta firma.
"Si a tu hijo le quitan algo producto de tu trabajo, vas a demandar a un juez, fiscal o Corte Constitucional. Créame que te mandan al diablo", remarcó.


Explica que la actual Carta Magna del Ecuador garantiza derechos, pero nadie la respeta porque no se vive un estado de derechos. De ahí que las reformas penales están dirigidas a esta misma ley porque las deudas del IESS se tornan penales y el patrono va a la cárcel.


Diferencias con otros países


Zavala explica que la ley opera en otros países, pero de una manera muy diferente, es cosa de los jueces independientes y no del poder Ejecutivo, como ocurre en el Ecuador.


El artículo 1 de la ley introdujo esta norma no para defender derechos laborales solamente, sino también para defender todas las acreencias del fisco.


"Cualquier institución determina la deuda y sin notificación a este responsable alejado que está en el asunto empresarial y de la deuda, inician el auto de pago. A este tercero lo declaran responsable y a su vez, el auto de pago dispone las medidas cautelares como prohibición de enajenar, prohibición de salida del país.

 

Como se ve, a estos terceros, sólo con el auto de pago ya hay persecución forzosa de lo que tienen y pueden defenderse, pero no de la declaración de responsabilidad, tampoco si la deuda es legítima o ilegítima, solamente defenderse, sin poder decir media palabra, en un auto de ejecución forzosa, por eso se llama coactiva.


Coactiva es: o pagas o dimites bienes o te embargo tus bienes, y en el caso que estoy citando del sector laboral fueron hasta el remate, y le dice en el auto el inspector del Trabajo a esta persona natural que nada tiene que ver con la deuda, que desgraciadamente de acuerdo al artículo uno de la Ley Orgánica de Defensas Laborales, sus bienes han sido rematados y recién ha sido notificado", explicó.


Finalmente, insiste que el único camino que queda para buscar que se derogue el cuerpo legal es la denuncia internacional, para lo cual se necesita dinero porque se requiere viajar a Estados Unidos para hacer seguimiento al caso.

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