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Justicia

Jueces destituidos batallan contra el Consejo de la Judicatura

Domingo, 10 de Marzo de 2013

Afectados. Los magistrados -como Patricio Arízaga- aceptaron una acción de protección a favor de trabajadores jubilados de la Universidad Central.

La resolución del Consejo de la Judicatura (CJ) por la cual se niega toda posibilidad de impugnar los actos administrativos relacionados con sanciones disciplinarias, fue impugnada por cuatro jueces que tienen planteado un pedido de reconsideración a la destitución que fueron objeto en octubre del año pasado por considerar, entre otras cosas, que la decisión del organismo de control está siendo aplicada con carácter retroactivo.


Los exjueces de la Primera Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Patricio Arízaga, Jorge Cadena y Jorge Villarroel , y la exjueza de la Niñez y Adolescencia, Elena Ortega, fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) por haber aceptado una acción de protección a favor de trabajadores jubilados de la Universidad Central del Ecuador.

 

 

Solicitud


En el escrito presentado por los quejosos, con fecha 7 de marzo del presente año, se solicita que se deje sin efecto la Resolución del CJ No. 005-2013 de 15 de febrero del 2013 y aunque no pueden pedir aclaración o ampliación como manda el debido proceso ya que es una resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura, que se les comunicó mediante oficio a sus domicilios judiciales, violentando el procedimiento, porque no es un auto, decreto o resolución; pero si impugnan el mismo, y piden que se resuelva su reconsideración solicitada dentro del término legal, de este modo respeten el debido proceso y la seguridad jurídica, bajo las normas establecidas para este tipo de procedimientos.

 

 

El ‘error inexcusable’

Para argumentar su pedido, los jueces sancionados con la figura del “error inexcusable” adjuntaron copias de las decisiones tomadas por el Consejo de la Judicatura de Transición, en casos similares, en los que se decidió la destitución de un funcionario judicial tomando como base el argumento del “error inexcusable”, para posteriormente, proceder a reconsiderar la destitución, constituyendo estas actuaciones en antecedentes y base jurisprudencial para lo venidero por parte del nuevo Consejo de la Judicatura, para casos similares.


Los reclamantes también alegan que según el Art. 11.2 de la Constitución, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, por cuanto sus actuaciones no fueron denunciadas ni resueltas por algún acto de corrupción, lo que sí, no tendrían derecho a reclamo alguno.


Igualmente impugnan la resolución del CJ de 15 de febrero de 2013 por considerar que la misma tiene un carácter a futuro y no retroactivo: sus recursos de reconsideración, se plantearon antes de que exista la misma, basada en la Constitución vigente, motivo por el cual tiene que ser resuelta por la autoridad a la que propusieron.

 

 


Otra demanda que hasta hoy no es atendida


° Los exjueces reclamantes también tienen planteada una demanda en el Tribunal Contencioso Administrativo, para que se declare la ilegalidad y nulidad de pleno derecho del acto administrativo contenido en la resolución del expediente disciplinario que les significó la destitución el 5 de octubre de 2012.


En ella demandan que se les cancele todos los haberes que dejaron de percibir desde la fecha en que se expidió la resolución dictada por el Pleno del CJT, hasta su reintegro a las funciones que venían desempeñando en calidad de jueces; y, que se disponga el pago de los intereses legales de todas sus remuneraciones desde la ilegal destitución del cargo hasta el reintegro a nuestras funciones.


Adicionalmente, solicitan que se conmine el derecho de repetición en favor del Estado, en contra de los entonces vocales del CJT, Paulo Rodríguez, Fernando Yábar y Tania Arias, por su actuación inconstitucional, ilegal y abuso de autoridad.

 

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