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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó ayer las medidas cautelares solicitadas por los directivos de El Universo: Nicolás, Carlos y César Pérez y el exeditor de opinión, Emilio Palacio, tras la sentencia ratificada en su contra la semana pasada por el proceso que lleva en su contra el presidente Rafael Correa.

Con esta decisión, queda suspendida la ejecución de la sentencia hasta el 28 de marzo, cuando habrá una audiencia en la sede de la CIDH en Washington, donde las partes podrán exponer sus argumentos, y la entidad decidirá si suspende las medidas o las ratifica.

En un documento oficial, la CIDH aclaró que esta resolución no es una posición final respecto al tema de fondo, sino sólo por la presunción de riesgo de vulneración del derecho a la libertad de expresión de los solicitantes.

Argumentos

“Los hechos denunciados a la Comisión podrían constituir daños irreparables al derecho de libertad de expresión... En consecuencia, la CIDH solicita al gobierno de Vuestra Excelencia que suspenda de inmediato los efectos de la sentencia del 15 de febrero de 2012, a fin de garantizar ese derecho”, dice el documento oficial.

“Adicionalmente, la Comisión ha decidido convocar a una audiencia. Las medidas estarán vigentes hasta la celebración de esa audiencia. Con posterioridad, la Comisión decidirá si procede continuar con ellas, modificarlas o suspenderlas”, agrega el texto.

Criterios

La relatora especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero Marino, y el relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, Frank La Rue, manifiestan su profunda preocupación por la decisión de la Corte Nacional de Justicia.

Por su parte, la Relatoría de las Naciones Unidas ha expresado que, de acuerdo con el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los funcionarios públicos deben estar sujetos a un mayor nivel de escrutinio y de crítica en función de la calidad pública de su cargo.

Reacciones

El presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), Diego Cornejo, comentó que esta decisión “ratifica que en el país se están violando derechos elementales”. Sin embargo, anotó que “hay que esperar y ver si el Gobierno va a acatar este resolución”.

Por su parte, el asambleísta Paco Moncayo (AL) agregó: “Una vez que se agota en este país toda justicia independiente, no les queda más a los ecuatorianos que acudir a los organismos interamericanos de protección de los derechos humanos”. “En cualquier país democrático, esa sentencia habría sido considerada una monstruosidad, cualquier tribunal independiente lo iba a ver como algo inconcebible, por eso era previsible este fallo de la CIDH”.

Sobre la obligatoriedad del Gobierno de acatar esta resolución, Moncayo agregó: “Es una obligación del Gobierno... nosotros somos parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es una obligación adquirida contractualmente”.