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PROCESO. En varias audiencias, la jueza se encontró con los periodistas y con los acusadores.

María de las Mercedes Portilla Bastidas, jueza Quinta de lo Civil de Pichincha, quien el martes emitió la sentencia condenatoria contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, no habría pasado las pruebas de conocimiento ni las psicológicas durante el proceso de evaluación al que fueron sometidos los judiciales del país por parte del Consejo de la Judicatura de Transición (CJT).

La información se mantiene herméticamente reservada, más todavía si la disposición cuarta del Reglamento General del Proceso de Evaluación dispone que todas las personas que intervengan en este proceso evaluatorio, guardarán absoluta reserva sobre el contenido de informes, calificaciones parciales y finales o cualquier otra información que por su naturaleza no sea de acceso público.

Se advierte que la vulneración a esta disposición acarreará las responsabilidades administrativas, civiles o penales a las que hubiera lugar.

‘Secreto a voces’

No obstante, ayer fue ‘vox populi’ entre los judiciales, especialmente del área de los juzgados de lo civil de Pichincha, que la mencionada jueza temporal no obtuvo los promedios requeridos para seguir en la Función Judicial y que, debido a ello, presentó una petición de reconsideración, que debería contestarse en estos días.

La jueza Portilla Bastidas fue requerida por los medios de comunicación, pero estuvo ausente de su despacho, al menos en horas de la mañana, en donde se advirtió que la citada operadora de justicia es “poco amiga de las entrevistas” y que lo mejor era que se la dejara en paz.

Si la jueza Portilla no pasó la prueba psicológica, su salida de la Función Judicial no tendría marcha atrás, según reza el artículo 26 del reglamento antes citado. En este se señala que las pruebas tendrán una orientación decisoria excluyente para las personas sujetas a evaluación que presenten cuadros psicopatológicos, fobias, traumas, complejos o cualquier alteración psicológica que le impidiera cumplir a cabalidad con las funciones inherentes al cargo, su relacionamiento con su entorno institucional y la calidad de servicio que brinda a la ciudadanía.


800
millones de dólares, aproximadamente, sería el monto de los contratos de Fabricio Correa con el Estado.


Los ‘otros autores del Gran Hermano’

Otros están siendo investigados en la Fiscalía por su participación en este tema como ‘veedores ciudadanos’.

Ellos son Pablo Chambers, Gerardo Portillo, José Quishpe y Víctor Hugo Hidalgo, quienes enfrentan una acusación del presidente, Rafael Correa, por un supuesto delito de atentado contra la fe pública.

En febrero del año anterior, esta veeduría ciudadana concluyó que el presidente Correa sí conocía de los contratos de su hermano Fabricio con el Estado ecuatoriano.