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En la plenaria del segundo debate de la Ley de Comunicación se pudo ver la ratificación de posiciones y tesis de diversos actores. Quien haya seguido este proceso que lleva más de dos años, se dará cuenta que  los argumentos que se escucharon esta semana en la Asamblea Nacional son los mismos de hace meses.

Esto indica que no hay un consenso a la vista, aunque el gobiernista Mauro Andino ha indicado que tratará de reflejar algunas de las ideas expuestas en el articulado que debe presentar. En cualquier caso, la posibilidad de un acuerdo se torna difícil porque en términos generales existen tres vertientes, con objetivos e intereses distintos, acerca de un cuerpo legal que regule la comunicación.

Por un lado están los activistas y miembros de organizaciones no gubernamentales que durante años han defendido ciertas tesis, como que al menos un tercio del espectro radioeléctrico, no de lo disponible sino del total, sea entregado a medios comunitarios. Este grupo basa sus reflexiones y propuestas sobre el trabajo de radios comunitarias e iniciativas de educación popular.

La segunda vertiente es aquella que proviene de los medios de comunicación privados, para quienes es sensible el tema de la libertad de expresión. Se trata de una preocupación que tiene que ver con la defensa de la integridad de su tarea y la contribución de esta al debate democrático en el Ecuador.

La tercera vertiente es la del Gobierno, la que se basa en la preservación de un nuevos status quo mediático que busca quitarle espacio a los “poderes fácticos”, es decir, aquellos medios grandes que ahora mismo le han generado tantos dolores de cabeza al poder central. Esta perspectiva oficial acerca de la comunicación también tiene planes para regular la Internet, la que ha demostrado ser un factor molesto y desequilibrante para toda clase de regímenes en el mundo.

No se hay podido ver una convergencia efectiva entre estos tres enfoques.

No obstante, aún hay sectores del activismo de la comunicación que mantienen la esperanza de que al ser aprobada la ley como quiere el Gobierno  podrán ser favorecidos de algún modo. Así, estos actores pasan por alto que el proyecto legal del oficialismo tiene aspectos polémicos respecto del control de los procesos comunicativos.

Por otro lado, en este punto parece no haber una línea de diálogo y receptividad entre el oficialismo y los medios privados. Lo que sigue sería un epílogo anunciado.

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