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Tradicionalmente las llamadas izquierdas, dentro de sus dogmas, decían que el extractivismo era siempre mal sano y depredador. Llegados al poder pretenden dar contenido filosófico a sus variaciones conceptuales y los más sabidos hablan del  “neoextractivismo” como sustento de un supuesto desarrollo sostenible.

El Gobierno, violando ya las normas constitucionales, prescinde de la obligación de consultar a las comunidades las conveniencia o no de estas actividades. Decide todo y sobre todos por lo que es ingenuo pedir el respeto a la Constitución y la ley. Esto no evita que por lo menos exijamos transparencia, una discusión pública de los términos contractuales y las contribuciones y participación que debe ser la más alta porque son contratos del siglo XXI.

A vista y paciencia del Gobierno, sin tener concesión ya una empresa transfirió derechos en ochocientos millones de dólares sin autorización y peor sin beneficio para el Estado. En la partidocracia fueron justificativos para cancelar concesiones.

No hay verdaderas evaluaciones del impacto ambiental, no tenemos normas y carecemos de experiencia en fiscalizar de  manera continua,  estas obligaciones. Fundaciones han señalado que las evaluaciones socio ambientales son polémicas, tienen omisiones, limitaciones, errores y hasta falsedades. Es indispensable que se determinen y valoren los subsidios colaterales que recibirán, así como determinar un régimen laboral especial.

El poder puede contestar que está todo  bien y puede ser verdad, pero todo secretismo como el caso  actual nos lleva a la duda razonable, porque no se oculta lo que está bien.