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La presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, Nivea Vélez (ex ADE), tras indicar que mañana se reunirá el organismo parlamentario para iniciar el análisis del veto parcial del Ejecutivo a la Ley de Servicio Público para adoptar una decisión, señaló que existen temas que son muy preocupantes,

como el hecho de que "camufladamente" se establece la posibilidad del despido intempestivo de los servidores públicos.

La Asamblea tiene hasta el 3 de octubre para pronunciarse sobre las observaciones efectuadas por el presidente de la República, Rafael Correa.

Vélez aseguró que en todos los vetos de forma la ley se podría proponer al pleno el allanamiento; sin embargo, dijo que existen temas en los que se debería establecer una mayoría para insistir en los textos aprobados por la legislatura, como el hecho de que en la objeción se busque crear un súper Ministerio de Relaciones Laborales, el cual contraloría a todas las funciones del Estado.

Indicó que en cuanto a la jubilación o la supresión de partidos o retiro voluntario, el veto propone la jubilación y el retiro obligatorio, con lo cual se está camuflando la figura del despido, con una compensación de cinco salarios básicos unificados por año, que podrán ser pagados en bonos.

Además, determina que el Ministerio deberá definir cuáles son los cargos que se supriman, “dándole un poder omnímodo para que decida a cuántas personas se les debe suprimir sus partidas y se les pagaría con bonos.”, aseveró la legisladora, al tiempo de señalar que lo más grave es que se dejaría abierta la posibilidad de lanzar a la desocupación a miles de personas a nivel nacional, a quienes se les pagaría con papeles del Estado.

Informó que el veto determina la injerencia del Ministerio en las otras funciones del Estado, así como de las de transparencia y control social y de la Contraloría., razón por la cual dijo que el pleno de la legislatura debería insistir en las excepciones, ya que las mismas se las hizo de conformidad con lo que señala el artículo 204 de la Constitución, en donde se determina que las instituciones de transparencia y control social y la Contraloría tendrán autonomía financiera, administrativa, “la ley lo único que hizo es recoger lo que determina la norma constitucional”, sentenció la legisladora.

Dijo que aspira que existan los votos necesarios para insistir en aquellos artículos que lesionan los derechos de los trabajadores; sin embargo, manifestó que “le preocupa mucho si no hubieran los votos para la insistencia en los textos, porque se establecería que este sería el nuevo mecanismo generado desde el Ejecutivo para aprobar las leyes, esto es, envía la propuesta, aprobamos, y luego a través del veto se vuelve a los textos iniciales de la norma propuesta por el Ejecutivo, lo que nos pondría en una delicada situación para la legislatura, en donde la Asamblea ya no tendría razón de ser”.

Finalmente, señaló que Inmediatamente que la Comisión de Derechos de los Trabajadores adopte una decisión respecto de la objeción presidencial, solicitará al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, convoque a una reunión de jefes de bloque, para darles a conocer el contenido del informe, y buscar el apoyo necesario de ese documento, puesto que la ley tuvo el éxito que tuvo por los diálogos previos que se tuvo sobre la misma.


Fuente: ecuadorinmediato.com