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QUITO. AFP

La justicia ecuatoriana volvió a vincular al ex comandante del Ejército de Colombia general Mario Montoya a una causa por presunto asesinato a raíz de un bombardeo contra la guerrilla de las FARC en Ecuador, informó este lunes una fuente judicial.

El fiscal del caso, Carlos Jiménez, dijo a la AFP que el juez Daniel Méndez aceptó un pedido suyo para vincular nuevamente a Montoya, pero no dio paso a su solicitud de arresto preventivo, durante una audiencia el pasado viernes en la ciudad de Lago Agrio (frontera norte con Colombia).

"Se lo vinculó al proceso", que también involucra al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien era ministro de Defensa en la fecha del ataque contra las FARC en territorio ecuatoriano. "La Fiscalía pidió prisión preventiva, pero el juez no accedió", señaló el fiscal.

Según Jiménez, existen elementos que hacen "presumir la participación" de Montoya en el ataque contra las FARC en territorio fronterizo de Ecuador el 1 de marzo de 2008, que mató a 25 personas, incluido el número dos de la guerrilla, Raúl Reyes, y derivó en la ruptura de relaciones durante 21 meses.

Entre esos elementos se cuentan "las circunstancias del delito, la muerte de (25) personas, unas que fueron ejecutadas, y los indicios que hay de responsabilidad y participación", agregó el fiscal.

Montoya era el comandante del Ejército en la época del bombardeo, recordó Jiménez, precisando que el juez no concedió la orden de captura por el principio de "equidad jurídica", pues los demás implicados no están cubiertos con esa medida.

La decisión se produjo luego de que el pasado 30 de agosto Méndez revocara una orden de prisión contra Santos por el mismo caso.

En abril, el juez anuló el juicio contra el mandatario, Montoya, el ex comandante de las Fuerzas Militares general Freddy Padilla y el director de la Policía de Colombia, general Oscar Naranjo, porque no habían sido notificados.

Pero a fines de ese mes la instrucción fue reabierta para Santos y luego contra los demás procesados, lo que fue rechazado por Bogotá, que desconoce la competencia de la justicia ecuatoriana en el caso.