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Repudio. Los estudiantes anunciaron que volverán a salir a las calles para rechazar la Ley de Educación Superior.

El veto a la Ley Orgánica de Educación Superior generó reacciones en toda la comunidad universitaria y ya se anuncian movilizaciones a escala nacional.

El sector aseguró que todo el tiempo empleado por académicos y asambleístas para llegar a consensos fue desechado por el presidente Rafael Correa. Uno de los artículos más polémico según rectores, estudiantes y profesores es que la rectoría vuelve a la Secretaría Nacional de Educación Superior.

El rector de la Universidad de las Américas (UDLA), Carlos Larreátegui, indicó que el veto presidencial destruye los acuerdos logrados con la Academia y restituye los planteamientos autoritarios de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).

“Somete completamente a la universidad pública y extiende la partida de defunción para la universidad particular. El verdadero poder se concentra en la Secretaria de Educación Superior que depende enteramente del Presidente de la República. El personal, los bienes, la información, las partidas presupuestarias y todo lo que integraba el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) pasan a la Secretaría; no al nuevo Consejo de Educación Superior”, comentó.

Control total
De acuerdo a Larreátegui, la Secretaría posee facultades para dictar Reglamentos (potestad exclusiva de Presidente para aplicar Leyes), distribuir los fondos de las universidades públicas, controlar en sus aspectos administrativos, financieros y académicos a todas las universidades, definir la política de becas y su alcance.

“Adicionalmente, los representantes de la Academia al Consejo de Educación Superior serán escogidos por el CNE. Vista la experiencia del Consejo de Participación Ciudadana, sabemos lo que pasará ahí. Todos los designados serán incondicionales del Régimen”, dijo el rector.

Larreategui agregó que el nuevo Conea estará igualmente controlado por el Gobierno, de él depende la vida y la muerte de las universidades, los exámenes de fin de carrera y habilitación.
“Las universidades no tendrán libertad para escoger sus profesores. En los concursos habrá un jurado integrado en un 40% por miembros externos que nadie sabe cómo serán
escogidos”, enfatizó.

Más críticas
El criterio de Larreátegui es compartido por el asambleísta Paco Moncayo, quien explicó que el afán del Gobierno es controlar a través de la Secretaría, el Sistema de Educación Superior. “La Secretaría solo puede ser un organismo de coordinación entre el sistema y la Función Ejecutiva. Los únicos organismos que deben regir el Sistema, de acuerdo con lo establecido en el artículo 353 de la Constitución, son el Consejo de Educación Superior y el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad”, comentó Moncayo.

Definirán acciones
El presidente de la Federación Nacional de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador (Fenapupe), Ernesto Álvarez, indicó que el Consejo Consultivo de Educación Superior se reunirá hoy, para definir su postura sobre el veto.

“Lo más preocupante son las funciones asignadas a la Secretaría Nacional de Educación Superior, el Gobierno quiere centralizar el poder y eso está claro”. A la vez ratificó su satisfacción porque el Primer Mandatario no vetó el artículo que habla sobre una jubilación digna para profesores y empleados universitarios y la entrega del 5% del presupuesto anual del Estado para la educación superior.


Postura estudiantil

Paúl Velásquez, secretario nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), argumentó que el veto a la LOES es una burla para la democracia universitaria. “Se disminuye nuestra participación en el cogobierno, se le asignan todas las funciones de control a la Secretaría Nacional de Educación Superior y en las elecciones de rectores y vicerrectores se nombrará a autoridades afines a Alianza PAIS”.


Polémica
Otros puntos conflictivos

Elección de rectores y vicerrectores mediante votación universal, directa, obligatoria y secreta.

Regulación del ingreso a las universidades públicas a través de sistemas de nivelación y admisión.

Rendición de cuentas por parte de todas las universidades a la Secretaría Nacional de Educación Superior.

Participación de los estudiantes en el cogobierno.
Cobro de aranceles y matrículas.