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El juez tercero de la Niñez y Adolescencia de Pichincha encargado, Juan Carlos Huilca, aceptó la acción de protección interpuesta por Óscar Caranqui y ordenó el regreso inmediato de este recluso al Pabellón ‘A’ del Penal García Moreno.

Caranqui fue trasladado el pasado 28 de julio a la Cárcel de Máxima Seguridad de Guayaquil, Centro de Rehabilitación Social No.2 (CRS2) después que la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS) comprobó que éste gozaba de privilegios en el Penal.

En un operativo realizado en su celda en el Pabellón A, se comprobó que Caranqui tenía objetos prohibidos para todos los presos como un revólver, una computadora, con acceso a Internet, dinero, joyas, electrodomésticos, celulares blackberry y otros.

Según la DNRS, el Penal “no guarda las debidas protecciones y garantías para evitar que Óscar Caranqui continúe afectando la paz ciudadana”.

Resolución1
El juez dispuso que Óscar Caranqui regrese al Penal hasta que ‘las causas que siguen en su contra se terminen mediante sentencia ejecutoriada’.

Los procesos en su contra, quien tiene una sentencia de 20 años por narcotráfico y otros delitos, se encuentran en los Juzgados y Tribunales de Quito, ese fue un argumento que la defensa de Caranqui utilizó para pedir su regreso a la capital. Caranqui tiene 21 procesos penales en su contra, por narcotráfico, asesinato, cohecho y enriquecimiento ilícito.

El ministro de Justicia, José Serrano, presentó ayer una queja contra este juez en el Consejo de la Judicatura (CJ) y además pidió que se investigue el sistema informático de sorteos.

Acción de protección
Según la defensa de Óscar Caranqui, éste fue trasladado a Guayaquil abruptamente, luego de ser maltratado, esposado de pies y manos. Ya en el CRS2 habría sido incomunicado de sus abogados y familiares por varios días, sin agua ni alimento. La decisión de la DNRS de trasladarlo a Guayaquil es una resolución administrativa y no se agotaron todas las instancias administrativas para impugnar dicha disposición. Sin embargo, la defensa de Caranqui alegó que éste era un tema de derechos constitucionales por lo que se presentó ante un Juzgado y no ante el Tribunal Contencioso Administrativo como competía.