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Miguel Carvajal, ministro de Seguridad Interna y Externa.

El ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, informó este martes que los organismos de inteligencia y seguridad del Estado investigan presuntas actividades de tráfico de personas en el Ecuador. El funcionario anunció que se dispondrán medidas específicas contra quienes pretender utilizar, con fines ilícitos, la política de puertas abiertas que tiene el país.

“Nosotros estamos haciendo una investigación sobre el ingreso y permanencia en el país de manera ilegal de algunos ciudadanos que provienen de otros países y que pueden ser víctimas de redes de tráfico de personas. Tenemos un estudio bastante avanzado”, indicó.

Carvajal señaló que en los casos en donde existan actividades de tráfico de personas “que vienen de algunos países que están identificados, y que pueden ser vinculadas a actividades ilícitas, nosotros vamos a tomar medidas. Eso está resuelto y se lo hará público”, anunció.

Consultado, en radio Democracia, si se clausurará la cédula universal, que permite el libre ingreso de extranjeros, el Ministro respondió: “Nosotros vamos a tomar todas las medidas correspondientes para garantizar la seguridad, en primer lugar de los ecuatorianos, pero también para combatir las redes de tráfico de personas que utilizan o pretenden utilizar una política de puertas abiertas que tiene el Ecuador, y de brazos abiertos que tiene nuestro país”.

El Secretario de Estado explicó, sin embargo,  que Ecuador, al ser parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), está obligado a respetar el libre tránsito de personas entre los países miembros de esta organización como lo son Colombia, Perú y Bolivia.

“Somos parte de una convicción de que las personas tienen el libre tránsito en un mundo globalizado. Y ese es un derecho que los ecuatorianos exigimos, sobre todo, por la migración de nuestros compatriotas, que sean tratados como personas”, destacó.

Pero indicó que por los problemas de seguridad y la participación de ciudadanos colombianos en algunas actividades ilícitas, el Gobierno les “impuso un control excepcional, que es el requisito del pasado judicial apostillado”, lo que habría originado un reclamo de Bogotá en la CAN.

“Nosotros hemos abierto las fronteras para promover la migración, pero también, sobre todo, actividades como el turismo”, dijo el funcionario, pero reiteró que “cualquier medida de seguridad es prioritaria si se trata, por lo tanto, de proteger a los ciudadanos ecuatorianos”.

Fuente: ecuadorinmediato.com