Un sinnúmero de comparecencias se llevan a cabo cada semana en la Asamblea para recoger propuestas para la construcción de las leyes pero, a decir de los involucrados y de diversos analistas, pocas o ninguna se incorporan en los cuerpos legales.

El mal sabor lo dejó, sobre todo, la reforma tributaria que fue al primer debate la semana anterior. Sebastián Borja, presidente de los industriales, recalcó que ninguna de sus sugerencias fue acogida pero que de todas formas insistirán para el segundo debate.

Pero eso no lo hará el grupo de empresarios representado por Roberto Aspiazu.

“Fue un diálogo de sordos, una tomadura de pelo”, dijo, al referirse a los diálogos mantenidos por más de 30 sectores con los asambleístas, pero cuyos pedidos no fueron escuchados.

Ni participación ni socialización
Según el discurso parlamentario del oficialismo, las leyes son ampliamente socializadas antes de su aprobación.

Sin embargo, el politólogo Luis Verdesoto explica que ese proceso implica la construcción de consensos, aspecto que no se evidencia en la Asamblea.

“Hacer 50 foros, recibir a 200 personas… no significa que en el Ecuador hay una democracia deliberante”, sostiene a la vez que cree que tampoco existe la publicitada participación ciudadana ya que los cuerpos legales “no estructuran el mandato ciudadano”.

Con este último tema concuerda el titular de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), agrupación afín al Gobierno. Aunque afirma que muchas de sus propuestas para la Ley del Agua fueron consideradas, no está satisfecho.

El error, dice, es que el Ejecutivo “hace las leyes solo y después hace consultoría.

Pero las leyes son un pacto político y social”. Además opina que ellas no deben incluir únicamente los pedidos de los indígenas sino de todos los sectores y, eso, antes de que los proyectos lleguen a la Asamblea.

El poder de decisión
En las últimas jornadas de protesta, el factor común fue que los grupos que reclamaron se dirigieron al Presidente de la República y no a los legisladores, quienes construyen las leyes: “Van al Ejecutivo para que desde allí se ordene a la Asamblea”, argumenta Francisco Rocha, analista.

La socialización de temas legislativos en la página web del organismo tampoco convence al experto pues recalca que sólo el 7% de la población ecuatoriana tiene acceso directo a Internet.
 
‘Fiscalización es dispersa’
El control político en el Parlamento está limitado al requerimiento de información, a decir de la presidenta de la comisión de Fiscalización, Silvia Salgado (PAIS).

Bajo este sistema, planteado en la Ley de la Función Legislativa, considera que la mesa especializada “debe desaparecer”.

Es que la única posibilidad de iniciar juicios políticos es bajo el auspicio de 31 asambleístas, pero la comisión no puede actuar de oficio, sólo es un órgano de sustanciación de las investigaciones que se le encomienden pues, actualmente, la mayoría se destinan a las otras 12 mesas.